Buscando saldar una deuda histórica, el Ministerio del Interior avanza en la consolidación de una Política Pública de Intervención de Cementerios que permita el hallazgo, la identificación y posterior entrega de las víctimas de desaparición forzada que se puedan encontrar, según los testimonios recogidos por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Sobre el particular, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), afirmó que en Colombia existen más de 120 mil personas de las que se desconoce su paradero y que pudieron ser objeto de desaparición en el marco del conflicto armado colombiano.
Cabe destacar que, en ese trabajo articulado de distintas entidades y organizaciones dedicadas a la implementación del Acuerdo de Paz, uno de los retos evidenciados por organizaciones de víctimas y la UBPD ha sido el estado y administración en los que se encuentran la mayoría de cementerios municipales y donde la práctica de la desaparición forzada se pudo haber presentado con mayor intensidad.
Por ello, ahora, el Ministerio del Interior en cabeza del titular de esta cartera, Luis Fernando Velasco, tiene el reto de escuchar las voces de diferentes instituciones y expertos tanto nacionales como internacionales para lograr que esta iniciativa cuente con sus perspectivas y así generar respuestas estructurales a una problemática nacional.
Al respecto, el director de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Franklin Castañeda, recordó que con estos encuentros finaliza la primera de las cuatro fases que fueron acordadas con las entidades del orden nacional y con las organizaciones de víctimas para la construcción de la Política Pública de Intervención de Cementerios. El reto es que esté formulada para el segundo semestre de este año.
Del mismo modo, el funcionario explicó que, una vez terminada esta fase, se deberá contar con un diagnóstico de la situación real de los cementerios en el país y con un instrumento normativo y de planeación que permita organizar la intervención integral de los cementerios, con el de mejorar las condiciones para la búsqueda y la satisfacción de los derechos de las víctimas.
“Esta política pública busca también corregir la situación que se viene presentando en el difícil hallazgo e identificación de personas dadas por desaparecidas y en los protocoles establecidos con anterioridad en los parques cementerios, que determinaron malas prácticas en el manejo de cuerpos y despojos de víctimas del conflicto armado colombiano”, puntualizó el director Castañeda.