En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 267 de la Constitución Política de Colombia, y en el marco del control concomitante y preventivo, la Contraloría General de la República ha iniciado el seguimiento permanente a los recursos públicos destinados a la implementación del nuevo modelo de prestación del servicio de salud para los docentes públicos y del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, SGSST.
Sobre el particular, se informó que la actuación intersectorial está siendo adelantada por las Contralorías delegadas para la Gestión Pública e Instituciones Financieras, Educación y Salud, así como por la Dirección de Información Análisis y Reacción Inmediata – DIARI, a través de los mecanismos de acceso y análisis de información y articulación con el control interno.
De igual manera, se destacó que en esta acción se analizarán: el funcionamiento del nuevo modelo, las principales diferencias frente al que estuvo vigente hasta el 30 de abril de 2024, las adecuaciones administrativas requeridas en la fiduciaria administradora, el manejo financiero y, transversalmente, la contratación adelantada.
Quejas de docentes en aumento:
Desde el pasado primero de mayo, el modelo de atención en salud para los docentes en Colombia experimentó un cambio, que ha generado numerosas quejas de los docentes y sus beneficiarios, quienes han reportado deficiencias en la atención y dificultades en el acceso a medicamentos y a procedimientos de distinta índole.
Ante la contingencia, el FOMAG expidió, el pasado 16 de mayo, la Circular 002 en la cual autoriza que todas las IPS públicas, privadas y mixtas del país, puedan prestar los servicios de salud y/o tecnologías que sean requeridos por los usuarios, incluyendo la entrega de los medicamentos de baja complejidad, de alto costo o control especial sin previa autorización, incluso si dichas IPS no han sido contratadas por el FOMAG.
Igualmente, facturar los servicios bajo la modalidad de pago por evento a la tarifa SOAT plena y/o a la tarifa ofrecida en su portafolio vigente al patrimonio autónomo del FOMAG, administrado por la Fiduprevisora, con la cual se generan nuevos riesgos sobre el proceso.
Teniendo en cuenta lo anterior, y ante la eventual materialización de riesgos en la puesta en marcha del nuevo modelo, desde la CGR “se hace un enérgico llamado a todos los actores, responsables de la regulación, ejecución e inspección, vigilancia y control del SGSSS; y del manejo de los recursos públicos asociados, para que su gestión se oriente a garantizar la atención en salud de los maestros, con la debida transparencia en el uso de esos dineros y se establezcan mecanismos efectivos de control y seguimiento para evitar y conjurar traumatismos en la prestación de los servicios y afectación del patrimonio público”.