La Contraloría de Bogotá confirmó, en segunda instancia, la responsabilidad fiscal de una funcionaria de la Secretaría Distrital de la Mujer, quien ejercía funciones de supervisión, y de un contratista de la misma entidad, encargado de apoyar esta labor, por un detrimento patrimonial indexado de $856.669.987,35, relacionado con la ejecución del Contrato Interadministrativo 1062 de 2022.
Dicho contrato contemplaba la integración de la Línea Púrpura Distrital con la Línea de Emergencias 123, con el propósito de que los casos recibidos a través del 123 pudieran ser transferidos a la Agencia Mujer para su atención.
Sin embargo, la Contraloría estableció que esa integración no llegó a funcionar de manera estable. Aunque se realizaron actividades y trabajos para ponerla en funcionamiento, estos no fueron suficientes para cumplir integralmente la obligación No. 22 del contrato.
“Cuando se destinan recursos públicos para una solución que debe prestar un servicio a los ciudadanos, es fundamental que esta funcione y cumpla con el propósito para el cual fue contratada”, así lo afirmó Olga Lucía Ramírez, gerente de la Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría de Bogotá.
La segunda instancia revisó los argumentos presentados en los recursos de apelación y concluyó que no lograron desvirtuar las pruebas y razones que sustentaron la responsabilidad fiscal. Por esta razón, confirmó las determinaciones adoptadas en primera instancia.
Con esta decisión, la Contraloría de Bogotá reafirma su compromiso con la protección de los recursos públicos y con una gestión fiscal orientada a que las inversiones se traduzcan en bienes y servicios que cumplan efectivamente con su propósito.
