El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, realizó la entrega de las resoluciones a integrantes de la comunidad del corregimiento El Salado, en El Carmen de Bolívar, departamento de Bolívar, de los dos primeros pagos ordenados por la sentencia de la acción de grupo, que favorece a las víctimas de la masacre, perpetrada por paramilitares en febrero de 2.000.
“Para la Defensoría del Pueblo, es una prioridad garantizar el resarcimiento de los perjuicios causados a las víctimas; por eso, hoy acompañamos a quienes sufrieron la masacre y el desplazamiento del corregimiento El Salado, para que reciban la indemnización ordenada judicialmente al Estado colombiano y obtengan el resarcimiento de los perjuicios sufridos”, aseguró Carlos Camargo Assis.
Según se indicó, la Defensoría del Pueblo presentó a los beneficiarios de la indemnización la Resolución 526 del 25 de abril del 2023, que reconoce y paga los perjuicios a los 32 demandantes iniciales y 88 integrantes de sus núcleos familiares, por más de ocho mil 800 millones de pesos; como también les presenta la Resolución 1202 del 20 de junio del 2023, que ordena el pago efectivo a otros 52 integrantes de los núcleos familiares, por valor de más de cuatro mil millones de pesos.
“Aunque ninguna cifra resultaría suficiente para resarcir el daño sufrido por esta comunidad, hoy podemos decir que estamos avanzando en la reparación efectiva y real que merecen las víctimas del conflicto armado en Colombia. Por eso, cuenten con nuestro compromiso total para culminar prontamente este proceso de pago a todos los beneficiarios”, añadió el Defensor del Pueblo.
La justicia colombiana reconoció que los habitantes de El Salado sufrieron graves perjuicios por la pérdida de la vida y las lesiones de sus esposos, hijos, hermanos y padres.
Igualmente, la pérdida de su sustento económico cuando tuvieron que huir apresuradamente para salvar sus vidas; pero además, perdieron su relación con la comunidad, establecida y fortalecida por todo el tiempo de convivencia, en este poblado de los Montes de María dedicado al cultivo y procesamiento del tabaco.
“Desde la Defensoría del Pueblo, con nuestra Dirección Nacional de Recursos y Acciones Judiciales, a través del Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, hemos acompañado la materialización de la indemnización ordenada por el Juzgado 13 Administrativo Oral de Cartagena, dentro de la acción de grupo.
Así mismo, con la comunidad a indemnizar y su abogado coordinador, hemos trabajado mancomunadamente para hacer un proceso claro y eficaz, que permita avanzar sin tropiezos, de manera que los pagos presentados hoy a los beneficiarios y los que quedan por hacer sean realizados en el menor término posible”, concluyó el Defensor del Pueblo de los colombianos.