Tras un exhaustivo proceso de recolección de información y concertación con las comunidades, la Unidad de Restitución de Tierras, URT, logró que los jueces admitieran las demandas en favor del Resguardo Indígena de Alto Únuma y del territorio colectivo de Iwiwi y Alto Patenae, en Vichada y Meta.
Al respecto, se destacó que las asambleas de cierre y concertación de pretensiones, impulsadas por la URT y las comunidades de Únuma, en ambos departamentos, fueron cruciales para consolidar la información y estructurar los procesos judiciales.
En tal sentido, se recordó que, desde el año 2019, el equipo interdisciplinario de la Dirección Territorial Meta de la URT entró al territorio del Resguardo Indígena Alto Únuma, para la recolección de información sobre afectaciones territoriales. Estos datos fueron cruciales para elaborar el informe de caracterización y la posterior demanda.
Además, se resalta que el proceso enfrentó múltiples desafíos por la delicada situación de orden público en la zona. Estas circunstancias llevaron a la suspensión provisional del caso en varias oportunidades, dilatando su avance.
“La URT sigue acompañando la lucha y los desafíos que enfrentan los pueblos indígenas de Colombia, como el desplazamiento forzado y las amenazas”, afirmó el director de Asuntos Étnicos de la URT, Acxan Duque Gámez.
Datos del Resguardo Alto Únuma
Pueblo: Sikuani–Piapoco, del Resguardo Indígena de Alto Únuma.
Municipios: Cumaribo (Vichada) y Puerto Gaitán (Meta).
Número de familias: Meta: 746 (3.031 personas); Vichada: 718 (2.082).
Hectáreas: 700.084 ha + 4153 m².
Fecha de presentación de la demanda: 25 de octubre de 2023.
Territorio Colectivo de Iwiwi y Alto Patenae
Pueblo: Sikuani.
Municipios: Puerto Gaitán (Meta) y Cumaribo (Vichada).
Número de familias: 100 familias (425 personas).
Hectáreas: 26.617 ha + 5.538 m².
Fecha de presentación de la demanda: 25 de octubre de 2023.
Estas acciones representan un avance significativo en la restitución de los derechos territoriales de los pueblos Sikuani y Piapoco. Reafirman el compromiso del Estado colombiano con la reparación y justicia para las comunidades ancestrales afectadas por el conflicto armado. Es esencial fortalecer el apoyo a políticas públicas que garanticen sus derechos fundamentales y promuevan el perdón, la reparación y la sanación”, sostuvo el director de Asuntos Étnicos de la URT.