Los rectores de la Universidad Nacional de Colombia, Dolly Montoya; la Universidad de Antioquia, John Jairo Arboleda; la Universidad Industrial de Santander (UIS), Hernán Porras, y la Universidad del Valle, Édgar Varela, coincidieron en señalar que “reconocemos el esfuerzo del Gobierno Nacional al presentar un proyecto de Ley Estatutaria que refuerza el carácter de derecho fundamental de la educación en todos los niveles”.
Así mismo, a través de un comunicado, los rectores de cuatro importantes universidades públicas del país aseguraron que “pese a la rigurosidad y las exigencias que reclama el trámite de una ley estatutaria, creemos firmemente que es necesaria y oportuna en tanto reconoce principios constitucionales como la diversidad cultural, étnica, lingüística y de saberes en Colombia”.
De igual manera, expresaron que “el articulado propuesto debe iniciar su discusión en el Congreso de la República; en este escenario. Las Universidades y demás actores del Sistema realizaremos más aportes que contribuyan a la garantía de una educación de calidad, con acceso, cobertura, progresividad, universalidad, financiamiento adecuado, enfoque territorial y equidad”.
Igualmente, los rectores de las cuatro universidades indicaron que estos elementos del proyecto de Ley Estatutaria, radicado en el Congreso de la República, deben articularse con otras iniciativas gubernamentales, como el proyecto de reforma a la Ley 30 de 1992, “en donde estamos construyendo importantes insumos desde nuestras comunidades”.
Y recalcaron que “nuestro propósito como Universidades Públicas –recalcan los rectores– es garantizar el desarrollo y la construcción de la nación desde nuestras funciones misionales de docencia, investigación y extensión. Por esta razón, respaldamos la apuesta del Gobierno Nacional de garantizar el derecho a la educación desde la ampliación de la cobertura, el cierre a las brechas de acceso y el fomento de la calidad y la pertinencia, reconociendo que nuestro sistema educativo es mixto”.
Tema clave del Acuerdo Nacional
De otro lado, en el acto de reconocimiento público del sindicalismo como colectivo víctima del conflicto armado, el presidente Gustavo Petro concatenó así tres de las propuestas principales que desarrolla su Gobierno: el Acuerdo Nacional y las reformas laboral y educativa.
“El Acuerdo Nacional que le hemos propuesto al país no es cómo se vuelve el trabajador un esclavo, porque solo iríamos a la barbarie. El Acuerdo Nacional es cómo la producción en Colombia crece a partir del conocimiento. Para eso hay que hacer universidades, no solo privadas, sino universidades para toda la juventud”, afirmó el mandatario.
Así mismo, el jefe de Estado manifestó que “el criterio para el crecimiento de la riqueza y de la ganancia no es volver al pueblo trabajador esclavo, sino volverlo inteligente, es volverlo estudiado, es volverlo desarrollado en los conocimientos de hoy para que la productividad pueda crecer, y al crecer la productividad crece la ganancia y crece el salario y el país se vuelve rico”.
Datos del proyecto
El 12 de septiembre pasado la ministra de Educación, Aurora Vergara Figueroa, radicó ante el Congreso de la República el proyecto de Ley Estatutaria de Educación.
Esta iniciativa es el resultado de un trabajo colaborativo con la ciudadanía y de consensos entre gobierno, docentes, organizaciones del sector educativo, sindicatos, constitucionalistas y expertos en derechos humanos.
En 36 artículos distribuidos en 6 capítulos, el proyecto propone avanzar en la universalización progresiva del derecho a la educación desde la primera infancia hasta la educación superior; ampliar el ciclo preescolar de la educación inicial de un grado a tres y articular la educación media con la educación posmedia.
Además, fortalece la educación integral y prioriza la enseñanza del deporte, las artes, las culturas y los saberes que busquen la reconciliación nacional, el antirracismo, la paz y la acción climática.
Igualmente, establece una educación con enfoque territorial y equidad social, que cierre las brechas en los territorios para las poblaciones más vulnerables, permitiendo a los habitantes rurales gozar de este derecho y dignificar los conocimientos y las formas de enseñanza de los pueblos afro, indígenas y Rrom.
Finalmente, propende por el goce efectivo del derecho a personas con discapacidad, privados de la libertad, personas con talentos excepcionales y con trastornos específicos de aprendizaje y en condición de enfermedad.