jueves, octubre 10, 2024
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Unas 266 personas desplazadas llegaron a Buenaventura y requieren atención del Estado

Los enfrentamientos entre el ELN y la columna móvil Jaime Martínez de las Disidencias de las FARC, provocaron el desplazamiento de unas 266 personas hacia el casco urbano de Buenaventura (Valle del Cauca), provenientes de la vereda Bocas de Mayorquín.

La población afrocolombiana afectada, que pertenece al Consejo Comunitario Mayorquín, se encuentra alojada en red familiar según lo manifestaron a los funcionarios de la Defensoría del Pueblo en la toma de declaración adelantada este fin de semana.

Las personas pertenecen a 124 familias, entre las cuales se encuentran 111 mujeres, 57 niños y 50 niñas. Sin embargo, dado que persisten los enfrentamientos en la zona la cifra podría aumentar.

Vale recordar que en enero pasado ese mismo Consejo Comunitario había sido afectado por los enfrentamientos de los grupos armados, lo que generó el confinamiento de tres comunidades: Comba, Cacao y Secadero, lo cual pudo ser verificado por los equipos de la Regional Pacífico que adelantaron el acompañamiento a la población.

Un equipo de la Delegada para los Derechos de la Población en Movilidad Humana y de la Regional Pacífico de la Defensoría del Pueblo fue informada que, en la zona donde se originó el desplazamiento, una persona resultó herida en un pie y que varias viviendas fueron afectadas por los proyectiles.

Ante estos hechos, la Defensoría de Pueblo le solicitó a la Alcaldía de Buenaventura prestar atención inmediata a las familias desplazadas para que se garanticen sus derechos.

Este lunes 24 de abril desde la Regional Pacífico se continuará, junto con la administración municipal y la Procuraduría Provincial, con la toma de declaraciones para documentar los hechos y activar la respuesta institucional.

La Defensoría del Pueblo reitera el llamado a los grupos armados ilegales (al ELN y disidencias de las FARC, que desde 2018 se enfrentan por el control del territorio y las rentas ilegales derivadas del narcotráfico) que paren sus acciones ya que no son muestras reales de querer avanzar en el proceso de paz que impulsa el gobierno nacional y porque siguen poniendo en riesgo a la población civil.

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