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Tránsito a economías lícitas: Chocó, Meta y Nariño, los departamentos más intervenidos por Minjusticia

El Ministerio de Justicia y del Derecho realizó el evento de cierre del Banco de Proyectos 2024 de la Política Nacional de Drogas 2023 – 2033 ‘Sembrando vida, desterramos el narcotráfico’, iniciativa que es dinamizada por la Dirección de Política de Drogas y Actividades Relacionadas (DPDAR) de esta cartera.

Al respecto, se destaca que se avanza en la territorialización de la política de drogas y se han apoyado 14 iniciativas, con una inversión de $9.015 millones y 1.200 personas beneficiadas, 44% de ellas mujeres, en Chocó, Meta y Nariño.

En esta oportunidad, la ministra de Justicia y del Derecho, Ángela María Buitrago Ruiz, agradeció a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) indicando que “su apoyo por más de 20 años en el país, trabajando en el abordaje del fenómeno de las drogas, ha sido fundamental, y obviamente apostándole a una transformación del territorio desde la legalidad”.

Igualmente, la funcionaria agregó que “si todos vemos cómo se ha estructurado el Banco de Proyectos, es un orgullo para el Ministerio de Justicia y esto significa haberle apostado a lo que es Colombia, a lo lícito. En esta perspectiva los territorios buscan alternativas legales a partir del cultivo y producción de cacao, plátano, limón Tahití, a la porcicultura, pero, sobre todo, a través de la atención de población vulnerable. Las apuestas del Banco de Proyectos nos permiten decir que Colombia está clamando un cambio”.

La jefa de la cartera de justicia también hizo referencia a la información presentada en el ‘Estudio de monitoreo de territorios con presencia de cultivos de coca 2023 en Colombia’ a cargo de UNODC, que señala un aumento potencial del 53 % en la producción de cocaína.

Sobre el particular, indicó que esta no es una cifra real sino una proyección, un estimado a partir de un cálculo probabilístico, y que más bien esta estrategia del Banco de Proyectos, sí es una realidad, a partir de la cual los beneficiarios buscan transformar sus territorios y transitar a economías lícitas.

Por su parte, el coordinador regional de Desarrollo Alternativo de UNODC, Guillermo García Miranda, expresó su agradecimiento a los implementadores de los proyectos y a las familias. Indicó que “sus logros, retos y lecciones aprendidas, hoy son un ejemplo en estas comunidades. Su participación es muestra del trabajo mancomunado con el Estado colombiano, con el Ministerio de Justicia, y de su voluntad en la búsqueda de soluciones siempre en el marco de la ley”.

Entre tanto, Katherine Lozano Murillo, representante de la Fundación Funchuvid ‘Somos humanos por la vida y el desarrollo’ de Condoto (Chocó), beneficiaria del Banco de Proyectos 2024, resaltó el trabajo desarrollado en el municipio, beneficiando niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos a partir de la generación y desarrollo de herramientas y habilidades integrales para la vida.

Entre ellas, destacó que se cuentan con pautas de crianza y convivencia, que les permiten un adecuado relacionamiento, tener buenos hábitos, y alejarse del consumo de sustancias psicoactivas y de los grupos armados ilegales.

Por su parte, Liana Córdoba Torres, representante de la Fundación Pindaza de Nóvita (Chocó), señaló que el objetivo de su organización es promover los derechos económicos, políticos, sociales y educativos de las comunidades afrocolombianas para impulsar su desarrollo y participación integra.

En esta perspectiva, también manifestó que “apoyamos a nuestras familias asociadas en la implementación de sus proyectos de cultivos de caña, plátano, cacao, papa china, yuca, y eso hizo que nos presentáramos al Banco de Proyectos 2024, para poder potencializar esas capacidades que teníamos y desarrollar un poco más las herramientas y la tecnología con la que estábamos procesando, en este caso, la caña. Con este apoyo que estamos recibiendo vamos a ampliar el trapiche, los cultivos, y a tecnificar y masificar la producción”.

A su turno, el director de Política de Drogas y Actividades Relacionadas, Alexander Rivera Álvarez, dijo que el Banco de Proyectos busca transformar territorios impactados por el narcotráfico, reduciendo vulnerabilidades y promoviendo alternativas sostenibles.

Igualmente, destacó el nuevo enfoque de la política recalcando que “hasta hace muy poco tiempo la política de drogas se media en toneladas de cocaína incautadas, en hectáreas erradicadas, en personas encarceladas y ahora se mide en la cantidad de personas que cambian sus vidas en la legalidad y le aportan a la trasformación social y económica de sus territorios”.

La materialización de la estrategia del Banco de Proyectos se ha dado gracias a la cooperación y apoyo técnico de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para la Región Andina y el Cono Sur (UNODC).

Los emprendimientos apoyados están enmarcados en los ejes relacionados con el tránsito a economías lícitas, cuidado ambiental y atención a población vulnerable en mercados urbanos de drogas.

De esta forma, se destaca el cultivo de cacao como una línea productiva clave para la sustitución de cultivos de uso ilícito y el Desarrollo Alternativo, especialmente en los municipios de Tumaco (Nariño), Vistahermosa, La Macarena y La Uribe (Meta), alineándose con las políticas de desarrollo del Gobierno.

También, fueron apoyadas iniciativas de plátano, caña panelera, limón Tahití; así como proyectos ambientales y de reducción de riesgos y daños frente al consumo de sustancias psicoactivas en comunidades vulnerables.

Los resultados fueron presentados por los representantes de organizaciones de Chocó, Nariño y Meta. El éxito de estas iniciativas llevó al Ministerio de Justicia y del Derecho a abrir la convocatoria del Banco de Proyectos 2025, que estará activa hasta el próximo 11 de abril.

“Reafirmando el compromiso con la transformación territorial y la consolidación de economías lícitas en comunidades históricamente afectadas por el narcotráfico, el Ministerio seguirá garantizando la sostenibilidad de estas iniciativas y fortalecerá la articulación con las comunidades, el sector privado y la cooperación internacional para seguir consolidando un modelo de desarrollo basado en la legalidad y el bienestar social”, enfatizó la ministra.

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