El presidente, Gustavo Petro Urrego, sancionó la ley que otorga segundas oportunidades a madres cabeza de familia en condición de marginalidad económica que se encuentren privadas de la libertad cumpliendo condenas menores a ocho años de prisión.
“Este es el proyecto de ley que yo voté siendo congresista en la Comisión Primera del Senado y que ahora, qué paradoja, no lo sabía en ese momento, como presidente firmo para que se convierta en Ley de la República. Esta ley libera 5.000 mujeres privadas de la libertad por ser madres cabezas de familia”.
En el acto, en el que también estuvieron presentes la recién posesionada Ministra de Educación, y el Ministro de Justicia y del Derecho, Néstor Iván Osuna Patiño, sostuvo el mandatario que si los niños crecen sin el afecto de sus madres, muchos de ellos, en el futuro, pueden convertirse en criminales.
“Esa es la lógica de la violencia y la exclusión. Una especie, también, de sifón suicida”. En la ciencia y en el pensamiento progresista está demostrado que no es encarcelando las sociedades como nos salvamos de la violencia. Es en la libertad que se construyen las sociedades y por lo tanto tendremos que reformar y cambiar muchas cosas”, añadió el mandatario.
Por su parte, el ministro de Justicia del Derecho explicó que esta ley, que deberá ser reglamentada en un plazo de seis meses, va dirigida a mujeres con sentencias por delitos como microtráfico o hurto; que tengan rol de cabeza de familia y que se encuentren en situación de marginalidad.
Osuna Patiño aseguró que el objetivo ahora “es que los jueces sustituyan las condenas e impongan la prestación de servicios de utilidad pública no remunerados, que favorezcan a la comunidad en la reconstrucción del tejido social, que se afectó por la comisión del delito.
“En el éxito de esta ley nos jugamos el giro de la política penal y penitenciaria del país hacia una más humanista, que le sea útil a la sociedad y que no dé rienda suelta a esos sentimientos de venganza y crueldad”, agregó.
El ministro enfatizó que el encarcelamiento tiene que reducirse a aquello para lo que es útil. La cárcel debe resocializar para que una persona que haya sido condenada tenga menos riesgos de volver a cometer un delito.
“Son alrededor de 17.000 mujeres en Colombia que están privadas de la libertad. En los últimos 20 años ese número ha crecido en más de un 400 %, porque el país entró en una espiral punitiva, es decir, aumento de penas, encarcelamiento, como si eso sirviera para ser una mejor sociedad”, precisó.