El Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez, consideró que una reforma al Sistema General de Participaciones, SGP, debe equilibrar la capacidad financiera de las regiones con la sostenibilidad fiscal del Gobierno Nacional Central (GNC).
En tal sentido, indicó que es necesario evitar que una redistribución de recursos a los territorios desencadene lo que con tanto temor se ha manifestado: un desequilibrio desde el punto de vista fiscal en las finanzas del país.
De igual manera, estimó que el reto es lograr el fortalecimiento de las finanzas territoriales garantizando el equilibrio fiscal de la nación, pues si ello no ocurre, la Corte Constitucional podría declarar inexequible una reforma que no garantice la estabilidad fiscal.
“El principal cuestionamiento al aumento de las participaciones transferidas a las regiones surge porque comprometería la estabilidad macroeconómica del país. Existe el válido temor de que aumentar las transferencias implicaría un mayor déficit que seguramente se cubriría, como siempre pasa, con más deuda o con más impuestos. Sin embargo, los defensores de la medida argumentan que el Gobierno Nacional debe abandonar competencias de los gobiernos locales”, indicó.
Así mismo, el Contralor General llamó la atención sobre alertas que se dieron en torno a la propuesta inicial de modificación de las transferencias, por el efecto que tendría en el cumplimiento de la regla fiscal, en la calificación externa del país y en la necesidad imperativa de implementar posteriores reformas tributarias que permitan recaudar recursos que reemplacen los fondos que el Gobierno nacional va a ceder a las regiones.
Al respecto, afirmó también que, frente al actual ordenamiento legal, una tarea pendiente sería asegurar la representación de todos los departamentos en el Senado de la Republica. Y en esa misma línea sería relevante que el gobierno nacional apoyase la creación de la Comisión octava (8ª) constitucional permanente de asuntos territoriales en el Congreso de la República.
“Ello sería útil pues hay proyectos de ley que se tramitan sin especialidad en las comisiones que se asignan, por ejemplo, cuando se refieren a temas territoriales”, anotó.
Cabe señalar que el jefe del organismo de control fiscal habló en el lanzamiento de la edición 373 de la revista Economía Colombiana, dedicada al tema “Desafíos de una descentralización con autonomía”, que coincide con el avance del trámite del Proyecto de Acto Legislativo que propone modificar el Sistema General de Participaciones (SGP).
Igualmente, con el avance en la recolección de firmas para la convocatoria de un referéndum que modifique las relaciones fiscales entre el gobierno nacional y los gobiernos regionales.
En su intervención, Rodríguez Becerra reconoció como legítimo el reclamo de las regiones respecto a la desproporción entre sus responsabilidades y los recursos transferidos, algo que ha sido una constante crítica en la estructura del Sistema General de Participaciones (SGP).
En tal sentido, sostuvo que se ha acordado en el Congreso que el ajuste en el sistema de transferencias debe venir acompañado de una Ley que asegure previamente los recursos para el nivel central y reasigne las competencias para el uso de los recursos transferidos.
“Esto quiere decir que la aplicación del Acto Legislativo para garantizar la estabilidad financiera del gobierno central, estará condicionada a la aprobación de otra ley que regulará la redistribución de competencias y así se asegurará que el nivel central pueda cumplir con sus obligaciones”, explicó el Contralor Rodríguez Becerra
Al respecto, hizo una advertencia: “Ojalá ese condicionamiento no se convierta en un disuasivo para no cumplir el objetivo de la descentralización. Resultará muy exigente lograr el consenso político que permita aprobar la ley de competencias en el limitado tiempo de seis meses. Debo llamar la atención de que más allá de cualquier tipo de diferencia política, esto es una circunstancia fundamentalmente técnica”.
Así mismo, el contralor General dijo que no habrá descentralización y autonomía territorial, si no se moderniza y transforma la administración pública en su institucionalidad, en todos los niveles de gobierno.
Igualmente, insistió en que la descentralización político-administrativa debe dejar de ser un discurso meramente teórico y se debe llegar a una solución que en últimas termine beneficiando a los ciudadanos del común.
“En lógica si se reducen los recursos del Gobierno Nacional Central, habrá que garantizar que el Gobierno Nacional desde luego pueda cumplir con las deudas adquiridas con antelación, como es la deuda externa, el sector militar y el sector de servicio exterior. “De no hacerlo así, pues desde luego subiría el déficit y podría entonces colocarse en riesgo la calificación de riesgo del país”, puntualizó.