Esta semana, se cumplieron ocho años de la firma del Acuerdo Final de Paz con las FARC, por lo que la defensoría del Pueblo llama la atención sobre la necesidad de reafirmar y honrar el acuerdo, en especial, ahora, cuando nuevamente se busca una salida pacífica a varios conflictos armados.
En tal sentido, la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, profundiza sobre algunos asuntos para tener en cuenta, como son: seguridad para firmantes de paz; verdad y reparación para las víctimas; decisiones de la JEP; actualización de Plan Marco de Implementación; articulación entre el Acuerdo de Paz y la Paz Total; y una participación real de las mujeres en la construcción de paz.
- Seguridad para firmantes de paz
Según la defensora, se debe seguir trabajando para dar garantías de seguridad a las y los firmantes de paz. La reducción considerable de los homicidios contra esta población, pasando de 77 en 2020 a 27 este año, es alentadora.
La Defensoría del Pueblo ha expedido al menos 3 Alertas Tempranas al respecto este año, por lo cual no hay que bajar la guardia hasta reducir a 0 cualquier afectación a sus vidas.
- Verdad y reparación para las víctimas
La renuncia del antiguo Secretariado de las FARC-EP a la presunción de inocencia y su solicitud a la JEP de la emisión de una única resolución de conclusiones que resolviera su situación jurídica, de acuerdo con la funcionaria, “no es un mecanismo idóneo ni suficiente para garantizar integralmente el derecho de las víctimas a la verdad y a la reparación”.
Se entiende la importancia de contar con decisiones oportunas que brinden seguridad jurídica a quienes están sometidos a la JEP. Sin embargo, las víctimas tienen derecho a que el reconocimiento de responsabilidad sea de acuerdo con el derecho a la verdad.
Cabe recordar que, según el acuerdo de paz y la Constitución, “aportar verdad plena significa relatar, cuando se disponga de los elementos para ello, de manera exhaustiva y detallada las conductas cometidas y las circunstancias de su comisión, así como las informaciones necesarias y suficientes para atribuir responsabilidades, para así garantizar la satisfacción de los derechos de las víctimas a la reparación y a la no repetición”.
En tal sentido, la defensora señala que un reconocimiento global de responsabilidad no parece cumplir los criterios del Acuerdo que las extintas FARC firmaron, que permita una garantía efectiva de los derechos de las víctimas, especialmente para las víctimas de violencias históricamente invisibilizadas, como, por ejemplo, las violencias sexuales, reproductivas y por prejuicio– que todavía están a la espera de su reconocimiento.
“Es necesario rescatar el valor de la verdad judicial y el carácter restaurativo de los procesos ante esta jurisdicción. Los y las comparecientes deben entenderlo. Es su compromiso con las víctimas y al país”, afirma Marín Ortiz.
- Avances de la JEP
Al tiempo, para la defensora, es importante saludar las importantes decisiones que ha emitido la JEP en estos años. Destaca el reconocimiento de responsabilidad de mandos militares sobre los llamados “falsos positivos” en el caso 03, hoy es una realidad también judicial incontrovertible.
Igualmente, el reconocimiento de responsabilidad de los altos mandos sobre el secuestro y las graves privaciones de la libertad como crímenes de guerra y de lesa humanidad; los avances en los casos de Nariño, Urabá, Cauca y Valle; y el reconocimiento de la naturaleza como víctima.
Además, la imputación del antiguo secretariado por el reclutamiento de más de 18.000 niños, niñas y adolescentes y la apertura del Caso 11 sobre violencias de género, sexuales y por prejuicio.
- Macrocaso 11
Sin embargo, la defensora Marín Ortiz recalca que “quiero sumarme al llamado de las organizaciones feministas y de mujeres que reclaman que a la fecha no se han presentado avances significativos en el macrocaso 11”.
Además, subraya “los proyectos exploratorios del Sistema restaurativo no se han concentrado o priorizado estos daños, aumentando el riesgo de que, cuando estos empiecen, los comparecientes determinados como máximos responsables ya hayan cumplido la totalidad de sus sanciones impuestas en otros casos, que no son acumulables. Esto sería gravísimo en vista de la altísima impunidad existente”.
- Actualización del Plan Marco de Implementación
Esto solidifica el compromiso de Estado, y no solo de un gobierno particular, en cumplir el acuerdo de paz, que debe continuarse a buen ritmo. Marín Ortiz resalta su expedición, pues “renueva el compromiso presupuestal y de metas con el acuerdo de Paz. Cumplir el acuerdo es la base para avanzar en la paz hoy. Celebro además los nuevos y mejorados indicadores en materia de género, desde el enfoque étnico y para el punto 5 de víctimas”.
- Articulación entre el Acuerdo de Paz y la Paz Total
En este particular, la defensora estima que urge la articulación entre la política de Paz Total, el Acuerdo Final de Paz y la aprobada política de desmantelamiento de organizaciones criminales y la política de seguridad.
“La actual desarticulación institucional de estas políticas, lideradas por diversas entidades y con diversas formas de concertación con las comunidades y de instrumentos de planeación, impide la optimización de recursos y reduce los impactos de los esfuerzos que se están haciendo. Es urgente un acuerdo institucional de alto nivel al respecto que ponga en el centro a las comunidades”, manifiesta Marín Ortiz.
- Participación de las mujeres
Finalmente, la defensora del Pueblo subraya que se debe garantizar la participación de las mujeres en la construcción de paz. El porcentaje de mujeres reconocidas como representantes de actores armados o delegadas del Gobierno nacional es al alrededor de 25%; en solo 3 las mujeres lideran las delegaciones de Gobierno. Se debe aumentar su participación en el contexto de la emisión del Plan Nacional de Acción de la Resolución 1325 sobre Mujeres, Paz y Seguridad.