El presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, promulgó las leyes Ángel y Lorenzo, dos normas clave para fortalecer la protección de los animales en Colombia. El acto se llevó a cabo en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño.
Ambos proyectos fueron impulsados por la senadora Andrea Padilla Villarraga, con el respaldo como ponentes del representante Juan Carlos Wills Ospina, el senador Ariel Ávila Martínez, el representante Daniel Carvalho Mejía y la senadora Ana María Castañeda Gómez.
Ley Ángel
Esta ley actualizó el Estatuto Nacional de Protección de los Animales (Ley 84 de 1989) y reforzará las penas por maltrato animal. Desde 2016, en Colombia se han presentado más de 15.500 denuncias por maltrato, pero apenas el 1,4 %ha terminado en condenas.
El nombre de la ley honra a Ángel, un perro víctima de un caso extremo de crueldad ocurrido en octubre de 2021 en Saboyá, Boyacá. Ángel fue encontrado con el 80% de su cuerpo despellejado y, pese a los esfuerzos de la Fundación Mi Mejor Amigo, falleció en febrero de 2025. Su historia conmovió al país y se convirtió en un símbolo de la lucha contra el maltrato animal.
Con esta norma, quienes maten con dolo a un animal, lo lesionen gravemente o lo abusen sexualmente enfrentarán penas de más de 4 años de prisión, lo que hará que estos delitos ya no sean excarcelables.
También aumenta las multas: pasan de 5 a un rango entre 15 y 30 salarios mínimos si hay lesiones graves, y de 30 a 60 en caso de muerte. Además, se establecen penas accesorias como la prohibición de tener animales hasta por el doble del tiempo de la condena, la inhabilidad para ejercer profesiones u oficios relacionados con animales y la creación de un registro nacional de personas condenadas, a cargo de la Fiscalía y la Policía.
Ley Lorenzo
El Gobierno promueve con esta ley el desarrollo de tecnologías que permitan sustituir progresivamente a los perros utilizados en vigilancia privada, al tiempo que garantiza mejores condiciones de bienestar para los que continúan prestando este servicio.
La iniciativa se radicó en 2023 tras denuncias sobre el trato indebido a perros usados en seguridad. El caso de Lorenzo, un perro maltratado mientras trabajaba en el centro comercial Andino de Bogotá, inspiró esta ley y provocó una profunda reacción en la opinión pública.
La norma le asigna al Ministerio TIC la responsabilidad de desarrollar tecnologías que reemplacen gradualmente a los perros en tareas de defensa controlada. También fija altos estándares de bienestar, como tiempos mínimos de descanso y esparcimiento, caniles adecuados con ventilación, luz, zona blanda y confort térmico, alimentación de calidad y protección ante el clima.
Además, reduce la edad máxima para el uso de perros de 8 a 6 años, exige la esterilización desde los 6 meses y obliga a las empresas a adoptar planes de retiro para los animales una vez concluida su vida laboral.
Las empresas deberán instalar cámaras de vigilancia en caniles y puestos de trabajo, y se creará un registro nacional de perros de vigilancia y seguridad privada, con el fin de hacer seguimiento a su historial y estado.
La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y las entidades territoriales serán responsables de inspeccionar, vigilar y controlar el cumplimiento de estas medidas.