La Contraloría General de la República formuló un llamado para que se haga una revisión integral y equitativa de las políticas públicas de subsidios de vivienda y de inclusión social, luego de culminar un estudio sobre el tema, en referencia al periodo 2010-2022, que entregó dos conclusiones principales:
Al respecto, se indicó, inicialmente, que se evaluó la contribución de los subsidios de vivienda respecto del déficit habitacional en Colombia y los resultados indican que los programas no han sido eficientes en la reducción del déficit habitacional, ya que del 4,79% que se ha reducido el déficit cuantitativo urbano, tan solo el 0,41% es resultado de los programas de subsidios y el restante 4,38% se debe a la participación de los otros actores en el mercado, como son los esfuerzos propios de los hogares, las Cajas de Compensación Familiar, programas de vivienda privados o de gobiernos locales, etc.
En tal sentido, se informó que el estudio abarcó 11 programas principales que representan más del 95% de los recursos legalizados, beneficiando a 429,507 hogares con un total de 14,08 billones de pesos. Los programas con mayor asignación de recursos fueron Programa de Vivienda Gratuita Fase I, Mi Casa Ya, Vivienda de Interés Prioritario para Ahorradores – VIPA, Programa de Vivienda Gratuita Fase II y Bolsa Desplazados.
Así mismo, el órgano de control fiscal destacó que, aunque se han invertido más de $36,5 billones en programas de Transferencias Monetarias, entre 2018 y 2022, la eficacia de los programas Familias en Acción y Jóvenes en Acción está supeditada a mirar si los subsidios están llegando a los que más lo necesitan.
Al respecto, se destaca, además, la necesidad de ajustar los montos de las transferencias, asignados significativamente por debajo de las líneas de pobreza extrema y pobreza monetaria, lo que plantea dudas sobre su capacidad para mejorar las condiciones de vida de los beneficiarios.
Por otra parte, asegura la CGR, se evidencia una distribución desigual de subsidios, concentrándose en regiones de mayor crecimiento económico. Adicionalmente, considera necesario mitigar los riesgos de pagos a beneficiarios no calificados para el giro de las transferencias.
Foco del estudio
El estudio intersectorial, realizado por las Contralorías delegadas para Vivienda e Inclusión Social les puso la lupa a 11 programas de vivienda y 4 programas sociales de Transferencias Monetarias, con montos superiores a los $70 billones de pesos, en el período 2010-2022.
“Se pudo establecer que las políticas públicas de subsidios en Colombia, enfocadas a vivienda y transferencias monetarias, presentan desafíos de cara a lograr un impacto significativo en la reducción de la pobreza y la desigualdad, siendo necesaria una mayor transparencia y eficiencia en la asignación de recursos”, explicó la CGR.
De igual manera, la entidad concluye que son importantes los esfuerzos del Estado para abordar el déficit habitacional; sin embargo, persisten desafíos para la asignación y distribución de subsidios.
Por ejemplo, la concentración de recursos en regiones de mayor crecimiento económico plantea preocupaciones sobre la equidad en el acceso a viviendas dignas, puesto que existen poblaciones vulnerables que no han logrado acceder a estos beneficios.
“Aunque se evidencian avances en algunos programas de Transferencias Monetarias, la falta de una metodología clara para medir la superación de condiciones de pobreza y la distribución desigual de subsidios entre regiones y grupos poblacionales vulnerables plantean interrogantes sobre la efectividad real de estas políticas, especialmente para aquellos que residen en áreas con mayores carencias”, agregó el órgano de control fiscal.
Así mismo, subraya en la necesidad de revisar y reformar estas políticas para cerrar brechas, reducir inequidades y garantizar un impacto positivo y sostenible en la superación de la pobreza en Colombia, ya que a pesar recursos dispuestos para este fin, los niveles de pobreza e inequidad se siguen manteniendo altos.
Contribución de los subsidios de vivienda respecto del déficit habitacional en Colombia
El objetivo del estudio de la CGR fue determinar la eficiencia de los programas de subsidios de vivienda en la reducción del déficit habitacional y su contribución a la atención equitativa de la población vulnerable.
Al respecto, señala que los resultados indican que los programas no han sido eficientes en la reducción del déficit habitacional ya que del 4,79% que se ha reducido el déficit cuantitativo urbano, tan solo el 0,41% es resultado de los programas de subsidios y el restante 4,38% se debe a la participación de los otros actores en el mercado, como son los esfuerzos propios de los hogares, las cajas de compensación familiar, programas de vivienda privados o de gobiernos locales, etc. Lo anterior corresponde a una evaluación realizada para el periodo entre 2010 y 2021.
Adicionalmente, se encontró que algunos programas tienen algunos requisitos de acceso que limitan el beneficio a hogares de menores ingresos. Desde el Gobierno Nacional se han asignado importantes recursos del Presupuesto General de la Nación, sin embargo, la focalización de estos recursos hacia la población más vulnerable es un desafío.
Cabe destacar que el estudio abarcó 11 programas principales que representan más del 95% de los recursos legalizados, beneficiando a 429,507 hogares con un total de 14,08 billones de pesos. Los programas con mayor asignación de recursos fueron Programa de Vivienda Gratuita Fase I, Mi Casa Ya, Vivienda de Interés Prioritario para Ahorradores – VIPA, Programa de Vivienda Gratuita Fase II y Bolsa Desplazados.
Durante el periodo analizado (2010-2022), el 96,7% de los subsidios se destinaron a programas cuantitativos y solo el 3,3% a programas cualitativos.
“Esta distribución no óptima sugiere que, al redistribuir las inversiones, se podría duplicar el número de hogares beneficiados y reducir el déficit habitacional cualitativo. La Contraloría enfatiza en la necesidad de una revisión y análisis por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para cerrar brechas, reducir inequidades y dignificar a la población vulnerable beneficiaria de los subsidios”, enfatiza la CGR.
Sin embargo, el estudio revela que están en marcha estrategias que buscan disminuir el déficit cualitativo implementadas recientemente, y que, si logran su objetivo, lograrán una disminución de este indicador.
Programas de Transferencias monetarias
Sobre el tema de focalización y permanencia de beneficiarios, la Contraloría considera que debe revisarse permanentemente su operatividad, al igual que los criterios de entrada y salida a los programas de Transferencias Monetarias.
De igual manera, se señala la exclusión de población Negra, Afrodescendiente, Raizal, Palenquera y Rrom, por lo que se hace necesario revisar y considerar estos grupos poblacionales como potenciales beneficiarios.
Respecto de la eficacia en la Inversión, el órgano de control fiscal indica que, aunque se han invertido más de $36,5 billones en programas de Transferencias Monetarias, entre el 2018 a 2022, la eficacia de los programas Familias en Acción y Jóvenes en Acción está cuestionada por la falta de medición de la movilidad social y los resultados del ciclo de dichas transferencias en el desarrollo humano. Un mayor presupuesto no garantiza una mayor cobertura, la adecuada focalización debe garantizar que los subsidios lleguen a los que más los necesitan.
En relación con la suficiencia de recursos, se destaca la necesidad de ajustar los montos de las transferencias. Los montos asignados están significativamente por debajo de las líneas de pobreza extrema y pobreza monetaria, planteando dudas sobre su capacidad para mejorar las condiciones de vida de los beneficiarios.
“Se evidencia una distribución desigual de subsidios, concentrándose en regiones de mayor crecimiento económico, la falta de equidad en la asignación de recursos se considera un problema que debe abordarse para beneficiar proporcionalmente a los departamentos con mayores carencias”, estimó el estudio.
Así mismo, reitera que los Programas de Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Colombia Mayor presentan avances, pero persisten desafíos en áreas como la medición de la movilidad social y la evaluación del impacto en la superación de la pobreza, por lo que se requiere que, en el modelo de Renta Ciudadana, del actual gobierno, los indicadores y mediciones estén ajustados al objetivo de la medida y permitan definir la eficacia, equidad y suficiencia de la política.
“Se advierte también la necesidad de fortalecer y adecuar sistemas de verificación y las capacidades del grupo antifraudes para validación de derechos en tiempo real toda vez que las evidencias aportadas en el cruce de información realizada por la DIARI de la CGR demuestran que es necesario mitigar los riesgos de pagos a beneficiarios no calificados para el giro de las transferencias”, puntualizó la CGR.