La Defensoría del Pueblo instó a la EPS Sanitas a no permitir que se ahonde aún más la crisis de la salud y a garantizar ese derecho fundamental. El llamado surge por la decisión adoptada por Cruz Verde de no continuar con el suministro de medicamentos ni otros productos que no están en el Plan de Beneficios en Salud (PBS).
De igual manera, le solicitó al Gobierno Nacional verificar el pago de los presupuestos máximos con los que se financian los tratamientos de las personas más vulnerables, como son los pacientes de enfermedades crónicas, huérfanas y de alto costo.
Según el funcionario, la suspensión en el suministro de medicamentos y dispositivos, prevista para el 15 de noviembre por el operador farmacéutico, debido a que Sanitas le adeuda cerca de 400.000 millones de pesos, afectaría inicialmente a más de 102.000 afiliados a la EPS, razón por la cual todos los involucrados deben presentar un plan que genere claridad en la deuda y alternativas de pago.
Ante el anuncio de Cruz Verde, el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, hizo un llamado tanto a la EPS como a Cruz Verde y a las autoridades, como la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), la Superintendencia de Salud y los ministerios de Salud y Hacienda, para que de manera concertada lleguen a soluciones que eviten afectar el derecho fundamental a la salud de los usuarios que requieren el suministro de medicamentos.
“Convocamos un espacio imparcial de diálogo y ofrecimos nuestro rol de mediadores, con el fin de encontrar salidas viables e inmediatas, a fin de evitar que el riesgo advertido no se materialice y los tratamientos de 102.000 personas no sean interrumpidos bajo ninguna circunstancia”, señala el Defensor del Pueblo.
De igual manera, exhortó a la Superintendencia Nacional de Salud y a todas las autoridades del sector a estar alerta y disponibles 24/7 para evitar posibles vulneraciones al derecho esencial a la salud de los afiliados a la EPS Sanitas.
Adicionalmente, Camargo Assis llamó la atención a los ministerios de Hacienda y Salud y Protección Social para que “adopten las medidas necesarias y permitan la entrega y flujo de los recursos requeridos por las distintas aseguradoras para cumplir con el cubrimiento de los medicamentos e insumos que son entregados, en especial, los que no están financiados con la Unidad de Pago por Capitación, como es el caso que se está presentando”.
Al respecto, el Defensor del Pueblo insistió en la necesidad de que a los 5.697.649 afiliados (corte a septiembre del 2023) a la EPS Sanitas les sea garantizada una atención en salud en condiciones de calidad, integralidad y continuidad, especialmente, a los 102.173 usuarios que requieren el suministro de medicamentos e insumos a través de los presupuestos máximos, siendo necesaria una especial vigilancia a aquellos afiliados con patologías de alto costo, quienes podrían ver vulnerado en mayor proporción sus derechos a la salud y a la vida si no llegaran a recibir los tratamientos que requieren.
“Aunque es responsabilidad de la EPS Sanitas adelantar los planes de contingencia para la atención de sus asegurados, con el fin de superar la actual situación, se evidencian fallas estructurales en la política de medicamentos y servicios de tecnologías, por lo que llamo al INVIMA para que ajuste y agilice los trámites correspondientes, en especial, en medicamentos y dispositivos NO PBS, tanto para la importación como para la producción nacional”, dice el Defensor del Pueblo.
Cabe señalar que la financiación de las tecnologías NO PBS está a cargo del Estado, por lo anterior, se hace necesario dar una garantía de pago por parte del Gobierno Nacional, que genere tranquilidad a los prestadores y proveedores, así como a la industria farmacéutica, lo cual permita reanudar el suministro de medicamentos e insumos NO PBS a la población.
“Hacemos un llamado al diálogo y la concertación entre los diferentes actores del sistema de salud, estableciendo la necesidad de sincerar las cifras del sector y así lograr una liquidez de manera oportuna y suficiente que permita a los diferentes actores cumplir su función y prestar servicios con calidad y eficiencia a la población”, recalca el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.