Ante evidentes riesgos de vulneración y violación de derechos humanos que enfrentan los habitantes de los cascos urbanos y zonas rurales de Pradera y Florida, en el sur del Valle del Cauca, la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia (ATI) 002 del 2025.
Al respecto, la Entidad resalta que los dos municipios enfrentan un serio peligro para la integridad, seguridad y vida de comunidades campesinas; pueblo indígena Nasa; lideresas y líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos; firmantes del Acuerdo de Paz, sus familias y organizaciones políticas; mujeres y niñas, niños y adolescentes.
En tal sentido, destaca que dicha situación se deriva de la disputa por el control territorial de ambos municipios, entre las disidencias de las extintas FARC-EP al mando de ‘Iván Mordisco’ —frentes Adán Izquierdo y Dagoberto Ramos— y la también disidencia independiente Frente 57 Yair Bermúdez.
“El escenario de conflicto ha aumentado los homicidios, los desplazamientos forzados, las amenazas y presiones de los integrantes de las dos disidencias contra las y los moradores, ya que buscan tener el control de los territorios para mantener sus economías ilícitas”, subraya la Defensoría.
De igual manera, llama la atención sobre las mujeres, quienes han sufrido mayores riesgos de violencias basadas en género y las y los menores de edad están siendo susceptibles de reclutamiento forzado y otras formas de utilización en el desarrollo del conflicto armado.
Entre tanto, agrega la Entidad, la comunidad firmante de paz ha sido blanco de violentos ataques directos, producto de amenazas y presiones para que se vinculen a las filas de ambos grupos, así como también ha derivado en ataques contra miembros del partido Comunes.
Ante esta situación, las recomendaciones emitidas por la Defensoría incluyen el trabajo conjunto interinstitucional entre entes nacionales y locales, con la finalidad de que haya una respuesta rápida y al mismo tiempo integral, la cual abarca la priorización de investigaciones judiciales para desmantelar estructuras criminales, el desarrollo de rutas especiales de protección y el fortalecimiento de las capacidades comunitarias para la gestión de riesgos.
“Un total de 20 corregimientos y dos resguardos indígenas (Kwet Wala y Kwet Le’cxkwe) en jurisdicción de Pradera, además de siete corregimientos y seis resguardos indígenas (Nasa Kwe’sx Kiwe, Kwe’sx YuKiwe, Triunfo Cristal Páez, Nasa Tha, San Juan Páez y Kwe’sx TaTa Kiwe) en jurisdicción de Florida, son algunos de los lugares especialmente focalizados en la ATI emitida”, enfatiza la institución nacional protectora y garante de los derechos humanos.
También se subraya la necesidad de que sean garantizadas acciones humanitarias inmediatas que les brinden atención efectiva a las comunidades afectadas y promuevan la protección integral de sus derechos. La situación no puede seguir dando espera, sumar esfuerzos es clave en este momento por la integridad y vida de todas las personas que viven en esa zona del sur del Valle del Cauca.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo puntualiza que “en la Alerta Temprana de Inminencia son conminados a actuar los ministerios del Interior y de Defensa, el Ejército Nacional, la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional, la Unidad de Implementación del Acuerdo Final de Paz, la Gobernación del Valle del Cauca, las alcaldías de Florida y Pradera, la Unidad Nacional de Protección, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, entre otros entes”.