Con motivo de la conmemoración del Día Nacional de la Afrocolombianidad, y del mes de la Herencia Africana, la Contraloría General advirtió que la deuda institucional de mayor impacto con estas comunidades es la no reglamentación de la Ley 70 de 1993.
El órgano de control mantiene su preocupación por el hecho de que sigan sin reglamentarse capítulos importantes de dicha Ley, lo que vulnera los derechos individuales y colectivos de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.
De acuerdo con las bases del Plan Nacional de Desarrollo, PND, 2018-2022, el Gobierno Nacional se comprometió que, a junio de 2020 se reglamentaría la totalidad de la Ley. Sin embargo, al cierre del mismo, quedan Tres capítulos pendientes de reglamentar: Capítulo IV – uso de la tierra y protección de los recursos naturales y del ambiente, Capítulo V – recursos mineros, y Capítulo VII – planeación y fomento del desarrollo económico.
Por otra parte, según estudio de seguimiento a los compromisos suscritos con estas comunidades a diciembre de 2020, se presentaba un cumplimiento de apenas el 5% en la ejecución del presupuesto de $19 billones concertado para hacer realidad los 239 acuerdos establecidos con las comunidades NARP en el denominado Pacto por la Equidad de oportunidades para grupos étnicos” del PND 2018-2022.
Así lo puso de presente el Contralor Delegado para la Población Focalizada, Hitler Rouseau Chaverra Ovalle, al instalar el conversatorio “Diálogos afrodiaspóricos: un homenaje a la historia y el legado del pueblo NARP”, convocado a propósito del Día Nacional de la Afrocolombianidad.
“Encontramos que, con cierre a 31 de diciembre de 2022, en cuanto a gestión, se había avanzado en 81%, pero eso contrasta con la cifra del presupuesto de $19 billones, pues a diciembre de 2020, solo se había llegado a un cumplimiento del 5%”, precisó el Delegado.
“Lo que hemos observado en la práctica es que el discurso y el tema presupuestal es muy bueno pero la realidad cuando vamos a mirar el impacto es completamente diferente”, dijo el Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, sobre las evaluaciones realizadas por el organismo de control en este tema.
Indicó que ante esta situación la CGR debe hacer uso de sus facultades de control preventivo y concomitante para que, sin coadministrar, pueda contribuir en lo relativo al diseño de una política consensuada que pase a ser una política de estado en estos aspectos.
Consideró Rodríguez Becerra que hay que mirar el grado de satisfacción que logran las comunidades con la aplicación de las políticas públicas e ir más allá del discurso, para construir una sociedad más igualitaria, donde las poblaciones negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras tengan un papel protagónico y no se quede todo en un reconocimiento retórico para las mismas