El Gobierno expidió el Plan de Austeridad del Gasto para todas las entidades que forman parte del Presupuesto General de la Nación y de la Rama Ejecutiva, pues el propósito es reducir los gastos de funcionamiento en cerca de 600 mil millones de pesos durante la actual vigencia.
Cabe destacar que el Decreto 0199 del 20 de febrero de 2024, establece los parámetros que deben ser observados por todas las entidades del Estado de la Rama Ejecutiva.
“El gobierno está trabajando en ser más eficiente en el gasto, más austero, y que tiene que reflejarse en todo tipo de gastos, que sean solo los gastos necesarios e indispensables, no solo reducir el gasto en café y papel higiénico como hicieron otros Gobiernos”, aseguró el ministro de Hacienda y Crédito Público, Ricardo Bonilla González.
De igual manera, el ministro dijo que el Plan de Austeridad del Gasto de 2023 permitió ahorra $600 mil millones, y se calcula que para este año la cifra debe ser similar incrementada en el IPC.
Así mismo, se resalta que las plantas de personal solamente se podrán modificar cuando dicha reforma sea a costo cero o genere ahorros; la contratación de personal para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión debe justificarse.
Igualmente, el ahorro debe extenderse a las horas extras y vacaciones a lo estrictamente necesario, y en el caso de las vacaciones no deben ser acumuladas ni interrumpidas.
En cuanto al arrendamiento y mantenimiento de bienes inmuebles y sedes de entidades, los gastos deben hacerse estrictamente para lo indispensable, y el mantenimiento solo de manera preventiva. Quedan prohibidos los cambios de sede y la adquisición de bienes, que quedan supeditados a casos puntales.
Así mismo, los encuentros de trabajo deben ser virtuales en lo posible, y los tiquetes aéreos reducidos a tarifa económica. Habrá rigurosidad en el reconocimiento de viáticos y la autorización de comisiones al exterior tiene que ser justificada a la presencia física del funcionario. También habrá recortes en los desplazamientos, el uso de sedes para eventos, lo mismo que en almuerzos y refrigerios.
En cuanto a los esquemas de seguridad, las autoridades correspondientes tienen que revisarlos, en lo posible reducirlos, y que la Unidad Nacional de Protección y la Dirección de Protección de la Policía Nacional se encarguen de monitorear y restringir el pago de horas extras a lo estrictamente indispensable.
Tampoco habrá nuevos contratos de vigilancia a menos que sea indispensable, a cambio de utilizar más tecnología de comunicaciones; se restringe la compra de carros nuevos de seguridad.
Finalmente, en publicidad estatal el gasto tendrá que ser ejemplar: se prohíbe comprar agendas, pocillos, publicidad sobre la gestión de un funcionario, regalos, souvenirs, etc., así como reducción en gastos de papelería y telefonía, suscripción a periódicos, revistas y publicaciones periódicas, la contratación de estudios especializados.
Todas las entidades cobijadas por el Decreto 0199, además, tendrán que promover normas de ahorro en servicios públicos en sus sedes y adoptar sistemas de sostenibilidad ambiental.
Incluso, la restricción afectará los actos de condecoraciones que impliquen gastos, y estas quedarán supeditadas a los actos de las Fuerzas Militares y de Policía, y de la Casa de Nariño autorizadas por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.