En el más reciente informe “El camino del cambio: avances y tropiezos de la paz, los Derechos Humanos y la Democracia”, presentado por las Plataformas de DDHH, se describe que, un poco más de dos años han transcurrido desde el inicio del actual gobierno y, si bien ha habido apuestas y esfuerzos innovadores en Derechos Humanos, los resultados son escasos.
Dicho informe es elaborado por más de 500 organizaciones sociales agrupadas en La Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PCDHDD), la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEUU) y la Alianza, Organizaciones Sociales y Afines (Alianza), que, desde hace 21 años, realizan balances periódicos y presentan recomendaciones a instituciones del Estado para la protección, implementación y garantías del ejercicio de los Derechos Humanos a nivel nacional.
En esta oportunidad, cubre cuatro grandes temas que reúnen el análisis de estos dos años de gobierno: 1) la política social; 2) el derecho a la vida; 3) las regiones urgen un cambio y, 4) los otros poderes del Estado, los Derechos Humanos y el cambio.
Dentro de ellos, se estudian los niveles de pobreza, el Plan Nacional de Desarrollo, los derechos de las mujeres y personas LGBTIQ+, la situación de las personas defensoras de DDHH, el balance legislativo, entre otros.
En tal sentido, el informe destaca que es innegable que hay una clara intención gubernamental de profundizar en el restablecimiento de los Derechos Humanos y, prueba de ello, es que, por primera vez, un Plan Nacional de Desarrollo (PND), como se destaca en el informe, muestra la centralidad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, así como la amplia participación de los diálogos territoriales.
Sin embargo, los resultados siguen siendo muy limitados y las plataformas aseguran que el PND “carece de detalles procedimentales en muchas áreas, delegando su desarrollo a futuras leyes o reglamentaciones”.
En lo que refiere a la pobreza y la desigualdad, recuerdan que entre 2021 y 2023, la tasa de pobreza monetaria se redujo en 6.7 puntos porcentuales, y, a pesar de estos avances, “los niveles de pobreza y desigualdad en Colombia siguen siendo altos”.
Justamente, una de las principales novedades del último informe oficial es la estimación que se hace “del aporte de los programas de protección social a la reducción de los índices de Pobreza Monetaria (PM). Si no fuese por las transferencias monetarias, también conocidas como ayudas institucionales, la tasa de incidencia de la PM no hubiera sido del 33%, sino del 37,4% (4.4 p. p. por encima), y la Pobreza Monetaria Extrema no hubiera equivalido al 11,4%, sino al 16,1% (4.7 p. p. por encima)”.
Si hablamos del derecho a la salud, las plataformas destacan que el Gobierno impulsó una reforma al Sistema de Seguridad Social para corregir las falencias estructurales producto de la Ley 100 de 1993, no obstante, fue evidente la declaratoria de archivo de dichas iniciativas por el Congreso.
Ante ello, “el Gobierno adoptó medidas a través del Ministerio de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud y la ADRES. Gracias a estas acciones, la mortalidad materna disminuyó de 135 en 2023 a 118 en 2024, su nivel más bajo desde 2021”, resaltó el informe.
Respecto a los derechos de las personas LGBTIQ+, las organizaciones observaron una reducción del 1,24% en los actos de violencia contra esta población en 2023, a pesar de ello, los homicidios y feminicidios “aumentaron a 156 casos. Ello sin contar con la violencia policial que alcanzó 155 incidentes”, entre otros datos.
Al referirse al impacto de las políticas gubernamentales en los derechos del pueblo afrocolombiano, sobresale la aprobación de la ley que establece la Jurisdicción Especial Agraria y Rural, “garantizando jueces especializados en conflictos sobre tierras, fortaleciendo la seguridad jurídica de los territorios afrocolombianos”.
El estancamiento de los diálogos de Paz
El informe de las plataformas señala que, al concluir los dos primeros años de gobierno, los procesos de paz han llegado a un punto de estancamiento en las conversaciones y negociaciones con distintos grupos armados, mientras que, se abren nuevos escenarios de diálogo con gran incertidumbre sobre sus posibles logros.
Ahora bien, según las plataformas la falta de un marco jurídico para el sometimiento de las estructuras criminales sin naturaleza política y la designación de voceros de paz, así como la resistencia política por parte de distintos actores, son factores que han dificultado el avance de la estrategia de Paz Total del Gobierno.
Simultáneamente, se destacan las intenciones del Gobierno de mantener activos escenarios de negociación, (incluyendo al ELN, la Segunda Marquetalia, el Bloque Magdalena Medio de las disidencias, el Clan del Golfo, los Pachencas, los Comuneros del Sur, y procesos urbanos en Medellín, Buenaventura y Quibdó), pero hacen un llamado sobre “el papel errático de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz que no ha permitido generar certezas sobre el avance de estos procesos. Además, varias instancias creadas por la Ley de Paz Total, como las Regiones de Paz y los Comisionados Regionales, aún no han sido activadas”.
Un aspecto positivo de la implementación del Acuerdo en estos dos años es la reciente aprobación del Servicio Social para la Paz que permite a los jóvenes elegir un servicio social remunerado en lugar del servicio militar obligatorio.
Con este diagnóstico, una de las principales solicitudes de las plataformas al Gobierno Nacional es la de reestructurar la política de Paz Total a partir de “un Acuerdo Nacional para que la paz sea una política de Estado, derecho y deber ciudadano”.
De otro lado, también llaman la atención sobre el cambio que urge en las regiones en las que no se ha consolidado la política de Paz Total del Gobierno. Por el contrario, “se vive un recrudecimiento de la violencia, impulsado por el fortalecimiento de grupos armados, especialmente paramilitares, como el Clan del Golfo, el cual en regiones como el Caribe ha pasado de tener presencia en seis municipios montemarianos a controlar 16, ejerciendo una gobernanza armada que pone en riesgo a casi 350.000 habitantes.
El Cauca, por ejemplo, se ha convertido en una de las regiones más violentas del país, “con 25 defensores de Derechos Humanos asesinados en 2023, y 21 líderes sociales y 8 firmantes de paz asesinados entre enero y agosto de 2024. La población indígena ha sido la más afectada por esta ola de violencia”.
La dificultad del Congreso para avanzar en Derechos humanos
En el ítem del balance legislativo, se reconoce que se tramitaron 747 proyectos de ley entre la Cámara de Representantes y el Senado de la República. A pesar de ello, “solo el 7,36 % de estas iniciativas fueron aprobadas”.
En lo que respecta a Derechos Humanos se pueden mencionar proyectos clave como la Ley Estatutaria de Educación, la prohibición del fracking, la reforma laboral y la Ley de Víctimas, los cuales “fueron hundidos frenando significativamente el avance de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales”.
Es más, solo seis de las leyes aprobadas tienen un impacto directo en la protección de los Derechos Humanos, entre ellas la reforma pensional, la ley de matrícula cero en la educación superior y la ley de pasivos ambientales.
Balance del poder judicial
Según el informe, “al adentrarnos brevemente en las estrategias obstaculizantes a las iniciativas del gobierno, las altas cortes juegan un papel importante puesto que, el poder judicial evidencia una actitud cada vez más politizada en pro de los intereses de los más privilegiados y de los sectores dominantes, con la cual las Cortes vienen abandonando el rol de garantes de derechos de la mayoría y de la dignificación de los sectores excluidos y vulnerados, y priorizado una recortada e interesada visión de la democracia”.
En su opinión, la intención de, aparentemente, apoyar las decisiones de la Procuraduría, la Corte Constitucional (CC) “no dudó en avalar la reforma al Código Disciplinario propuesta por la procuradora Cabello para mantener sus facultades de sancionar con destitución e inhabilitación a dichos funcionarios, vulnerando fallos internacionales de la Corte Interamericana de DDHH, que por mandato constitucional son de obligatorio cumplimiento”.
De otro lado, de acuerdo con las organizaciones, el Consejo de Estado suspendió la Directiva 08 de 2022 del presidente que buscaba eliminar la práctica tradicional de entidades públicas de celebrar múltiples contratos de prestación de servicios con una misma persona.
“Los politiqueros extraen a través de intermediarios porciones significativas del presupuesto, propiciando corrupción, ineficiencia y deterioro de los servicios del Estado, y concentración de las oportunidades de empleo en un número reducido de contratistas, perjudicando la democratización en el acceso a amplios sectores y concentrando esta práctica en habituales defraudadores sistemáticos de los bienes públicos (El Espectador, 2023, 23 de febrero)”, sostiene el informe.
Recomendaciones
Al Gobierno Nacional le sugieren una reestructuración de la Política de Paz total. Sostiene que “el Gobierno Nacional debe insistir y orientar esfuerzos para lograr un Acuerdo Nacional en torno a la paz como Política de Estado, derecho y deber ciudadano, así como el armonizar la implementación del Acuerdo Final de Paz con otros procesos de diálogo, en perspectiva de cumplir el Plan Nacional de Desarrollo y procurar la justicia económica, social y ambiental en los territorios”.
También insisten en avanzar de manera efectiva “en una reforma integral del sector seguridad que garantice el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y en la implementación de órdenes judiciales internacionales relacionadas con actividades de inteligencia y contrainteligencia, y la inclusión de acciones afirmativas de género”.
Además, recomiendan continuar con la reestructuración del SISBEN, el Sistema Nacional de Estratificación Socioeconómica y el Sistema Nacional de Transferencias, “avanzando hacia la disminución de las brechas socioeconómicas y de la desigualdad, mejorando el uso, eficacia y transparencia de los recursos públicos”.
Entre otros consejos, está el continuar con la reactivación del Proceso Nacional de Garantías, “garantizando las condiciones para su permanencia en el tiempo, la efectividad en el cumplimiento de sus objetivos, y el funcionamiento y presencia de todas las entidades del Gobierno y del Estado, estableciendo rutas de acción interna y articulación interinstitucional”.
Piden fortalecer la Defensoría Delegada para Orientación y Asesoría de las Víctimas del Conflicto Armado Interno y la Defensoría Delegada para Derechos de la Población en Movilidad Humana. “Este fortalecimiento debe priorizar el acceso a la justicia, la reparación integral y la protección de los derechos humanos en el marco de la movilidad humana, tanto a nivel regional como nacional”.
Así mismo, a la Procuraduría le solicitan desarrollar efectivamente sus funciones preventivas y disciplinarias sobre las personas que ejercen la función pública “señalados de tener relacionamientos con organizaciones criminales, en especial grupos paramilitares, en el marco de la política de desmantelamiento”.
Además, a la Fiscalía le piden “rediseñar de manera integral las estrategias de investigación sobre crímenes contra personas defensoras de Derechos Humanos y liderazgos sociales, ello con el fin de que se adelanten de forma idónea, integral, con celeridad y eficaz, identificando responsables más allá de la ejecución material e indagando determinadores, coautores, cómplices y beneficiarios de orden político y financiero”.
También pensar en crear estrategias para atender e investigar violencias basadas en género de manera participativa e integral, fortalecer el Sistema de Alertas Tempranas para la Reacción Rápida, asegurando una identificación oportuna de los riesgos sobre la población civil y ampliar y fortalecer el acompañamiento a las víctimas del conflicto armado y la violencia sociopolítica, garantizando sus derechos en instancias administrativas y judiciales.
Piden tramitar sin dilaciones la reforma del sistema de salud y la reforma laboral, así como aprobar un marco normativo de sujeción o sometimiento para la desmovilización de organizaciones criminales y sus redes de apoyo.
Consecuentemente, las Plataformas explican que este Informe sobre el segundo año de gobierno, parte de la constatación del potente giro de las propuestas políticas de protección y defensa de los Derechos Humanos que ha impulsado el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez, pero también muestra lo contradictorio de la dramática situación de estos derechos en el país durante los últimos dos años.