La Comisión Primera de la Cámara de Representantes inicia hoy, martes 25 de abril, el quinto debate del Proyecto de Acto Legislativo 173 Cámara – 035 Senado ‘Por el cual se reforma la Constitución Política de Colombia y se establece la Jurisdicción Agraria y Rural’, presentado por el Gobierno.
“Con la Jurisdicción Agraria y Rural tendremos la posibilidad de solucionar de modo pacífico lo que durante tantos años se ha resuelto de modo violento”, aseguró el ministro de Justicia y del Derecho, Néstor Iván Osuna Patiño, tras insistir que la iniciativa busca saldar una deuda histórica del Estado con las campesinas y los campesinos del país.
La Comisión Primera de Cámara escuchará a los coordinadores ponentes Delcy Isaza y Gabriel Becerra, así como a los ponentes Álvaro Rueda, Luis Albán, Orlando Castillo, Santiago Osorio y Astrid Sánchez.
Al defender la necesidad de la creación de una Jurisdicción Agraria y Rural la representante Delcy Isaza aseguró que “en 2022 se presentaron 6.925 procesos relacionados con tenencia de tierras. De ellos se resolvieron 4.324, quedando 2.600 procesos sin resolver. Estas son las cifras que me comprometen a resolver de manera conjunta la problemática colombiana”.
En el mismo sentido el también coordinador ponente, Gabriel Becerra, precisó que “en el fondo de la violencia en Colombia está la conflictividad en la ruralidad, que en Colombia representa el 995 del territorio. Necesitamos, porque así quedó en el Punto 1 del Acuerdo de Paz y porque la realidad lo exige, avanzar en mecanismos de justicia eficaces y prontos para solucionar esos conflictos”.
Previo al debate, el ministro enfatizó que “la Jurisdicción Agraria y Rural significará acceso a la justicia para todas las personas con cuyo trabajo diario hay alimentos para los colombianos. No podemos seguir aplazando esa sentida necesidad. La Jurisdicción Agraria y Rural escuchará y resolverá los conflictos de nuestras familias campesinas. Llevará seguridad y tranquilidad a quienes labran la tierra”.
Respaldo a la Justicia Agraria
Expertos, juristas, académicos, investigadores, funcionarios y representantes de organizaciones campesinas pidieron al Congreso de la República aprobar el proyecto de ley que crea la Jurisdicción Agraria y Rural por ser “inaplazable para garantizar el derecho de las comunidades campesinas a una justicia especializada en Derecho Agrario, con enfoque territorial, autonomía e independencia de las Jurisdicciones Ordinarias y del Contencioso Administrativo, que, pese a su esfuerzo han resultado insuficientes para atender las demandas de justicia del campo colombiano”.
En una comunicación suscrita por más de 200 firmantes expresaron apoyo a la iniciativa que inicia su quinto debate y subrayaron en la oportunidad histórica que tiene el país para resolver un problema estructural relacionado con el acceso a la justicia que impactará positivamente en las instituciones del Estado, saldará una deuda con las comunidades campesinas, garantizará derechos, contribuirá a la construcción de la paz y generará un ambiente de seguridad jurídica en la ruralidad.
“Consideramos de la mayor importancia que los cuatro debates restantes en el Congreso de la República concluyan con la aprobación de la reforma constitucional que crea la Jurisdicción Agraria y Rural, incluyendo un nuevo órgano o tribunal de cierre, que tengan competen para unificar la jurisprudencia y pronunciarse frente a los asuntos de su competencia, superando la ambivalencia y desarticulación entre los criterios civiles y administrativos por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, respectivamente”.
Para los expertos, juristas, académicos, investigadores, funcionarios y representantes de organizaciones campesinas estas son las 3 razones para aprobar la Jurisdicción Agraria y Rural
- Jurisprudencia dispersa y discrepancias en las decisiones adoptadas por las Jurisdicciones Ordinaria y Contencioso Administrativa en materia agraria y rural.
- Ausencia de jueces y magistrados especializados en Derecho Agrario con dedicación exclusiva.
- Cumplimiento de los compromisos adquiridos en el Acuerdo Final de Paz y las órdenes impartidas por la Corte Constitucional.