Durante la presentación del informe trimestral del Secretario General de Naciones Unidas, el representante especial y jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, destacó las medidas y lineamientos adoptados por la JEP para acelerar la emisión de las primeras sanciones propias que impondrá el Tribunal para la Paz a los comparecientes que han aportado verdad y han reconocido responsabilidad por crímenes de guerra y de lesa humanidad.
“Saludo las medidas anunciadas a principios de este año por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para optimizar las investigaciones y agilizar la emisión de sanciones propias. Confío en que el Gobierno intensificará sus preparativos para garantizar que las condiciones en las que se llevarán a cabo las sanciones estén firmemente establecidas”, señaló Ruiz Massieu ante los países miembros del Consejo de Seguridad en Nueva York.
El llamado se hizo el mismo día que la JEP y la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, ARN, en compañía del presidente Gustavo Petro, suscribieron una alianza para garantizar la financiación de los primeros proyectos restaurativos que se impondrán a los comparecientes de las Farc-EP y la fuerza pública como parte de sus sanciones propias.
Los recursos empezarán a ser ejecutados con dos de los casos que se encuentran en etapa de juicio: el Caso 01, por secuestros, y el Subcaso Costa Caribe del Caso 03, sobre asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate.
Durante su intervención, el jefe de la Misión reafirmó que, conforme al mandato del Consejo de Seguridad, la ONU está lista para monitorear el cumplimiento de las sanciones restaurativas, uno de los pilares del modelo de justicia transicional colombiano, reconocido por su carácter innovador a nivel mundial.
También subrayó los avances alcanzados por la JEP. Indicó que “se han conseguido notables e históricas contribuciones a la verdad y reconocimientos de responsabilidad por parte de las personas consideradas máximos responsables, así como la participación de víctimas acreditadas en los distintos procedimientos ante la JEP”.
Avances destacados
El informe del Secretario General de la ONU, que cubre el período del 27 de diciembre de 2024 al 26 de marzo de 2025, resalta avances significativos en las distintas investigaciones de la JEP.
Entre ellos, destaca la imputación realizada por la Sala de Reconocimiento de Verdad a 12 comparecientes de las antiguas Farc-EP por crímenes cometidos en el norte del Cauca y sur del Valle del Cauca, en el marco del Caso 05.
Asimismo, el informe subraya la imputación de crímenes de guerra y de lesa humanidad a cuatro generales, junto con 35 oficiales y suboficiales, todos antiguos miembros de la IV Brigada del Ejército Nacional, en el marco del Caso 03.
Estos comparecientes fueron hallados máximos responsables de 442 asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate en Antioquia entre los años 2004 y 2007. El informe también señala que, hasta la fecha, más de 200 comparecientes han sido imputados por crímenes de guerra y de lesa humanidad.
“Entre los imputados figuran, por parte de la antigua guerrilla, los siete integrantes del Secretariado de las extintas Farc-EP; y por parte de la fuerza pública, 12 generales, entre otros altos mandos”, destacó el Secretario General de la ONU.
La estrategia de la JEP para dar celeridad a los procesos de investigación Con el objetivo de avanzar en su misión de investigar, juzgar y sancionar los crímenes más atroces ocurridos, así como de definir la situación jurídica de los máximos responsables y de quienes no lo sean.
La JEP ha puesto en marcha una estrategia interna para imprimir celeridad a los 11 macrocasos que investigan graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y a los Derechos Humanos durante el conflicto armado.
Esta estrategia responde a un plan integral que optimiza los recursos disponibles, incorpora nuevas tecnologías y refuerza la capacitación continua de los equipos. Se han establecido lineamientos claros para poner en marcha una estrategia interna que agilice los procesos de instrucción, con el objetivo de mejorar los resultados dentro de los tiempos estrictos que establece la JEP. Todo esto con el propósito de evitar retrasos en la toma de decisiones que afectan directamente a las víctimas y al cumplimiento de los compromisos del Estado colombiano con la paz.
Al respecto, en su informe trimestral sobre la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, el Secretario General de la ONU, António Guterres, hizo un llamado a mantener el impulso en el diálogo interinstitucional.
Señaló que “las entidades gubernamentales deben tomar las medidas necesarias en el marco de sus mandatos y avanzar hacia la imposición de las primeras sanciones propias, como elemento central del sistema de justicia transicional”.
Asimismo, instó a los comparecientes ante la JEP a mantener su compromiso con la verdad, la justicia y la paz, y pidió a las entidades competentes del Gobierno que “no escatimen esfuerzos para preparar las condiciones que permitan la implementación de las sanciones, incluidas la seguridad y una financiación adecuada”.