La Contraloría General de la República realizó Auditoría de Cumplimiento a la gestión fiscal desarrollada para la construcción del Museo de Memoria de Colombia, por parte del Centro Nacional de Memoria Histórica, en la que se determinaron 3 hallazgos fiscales con presunta incidencia fiscal por $12.998 millones.
Sobre el particular, se informó que, a través de la Delegada para el Sector Educación, Ciencia y Tecnología, Cultura, Recreación y Deporte, el proceso fiscal se adelantó al Convenio Interadministrativo celebrado con la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco y su contratación derivada.
A su vez, se evaluó el grado de eficiencia y eficacia de los mecanismos y/o sistemas de control interno implementados para la ejecución de los recursos asignados a la Construcción.
Como resultado de la evaluación, se estableció Incumplimiento Material con Conclusión Adversa, ya que se determinaron debilidades en algunos aspectos como: falta de planeación, falta de calidad en los procesos constructivos, incumplimiento de especificaciones técnicas establecidas en la reglamentación y normatividad vigente.
Igualmente, indebida supervisión y vigilancia de la ejecución del proyecto, falta de coordinación y seguimiento eficiente a la ejecución de los contratos y de los recursos, falta de conocimiento o de la aplicación oportuna de acciones de control incluidas en los contratos, determinaciones en controversia con el desarrollo de los proyectos y deficiencia de gestión frente al control financiero de los contratos y pagos.
Por ello, la Contraloría General, configuró cinco (5) hallazgos que tienen incidencias disciplinarias y tres (3) fiscales que ascienden a $12.998 millones. El hallazgo más significativo de la actuación, consistió en debilidades evidenciadas en la planeación y calidad en los procesos constructivos del proyecto cuyo objeto es “Realizar la Construcción del Museo Nacional de la Memoria de Colombia, en la ciudad de Bogotá D.C.
Cabe señalar, según el órgano de control fiscal, que dicho contrato se llevó a cabo bajo la modalidad a precios unitarios fijos sin formula de reajuste, y “se observó irregularidades en pagos relacionados con: equipos, obras parcialmente ejecutadas, obras no recibidas a satisfacción, elementos de concreto que no cumplen la resistencia contratada, obras duplicadas y supervisión por parte de la interventoría, en cuantía de $10.664 millones”.