El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, Carlos Carrillo, condenó la intención del alcalde de Uribia, en La Guajira, Jaime Luis Buitrago, de forzar a la entidad a desembolsar 231 mil millones de pesos mediante una acción de tutela.
En tal sentido, se informó que la Unidad responderá al recurso del mandatario local y demandará el Fondo de Inversión Colectiva, a través del cual Olmedo López y Sneyder Pinilla asignaron los millonarios recursos.
“El Fondo de Inversión Colectiva es una especie de cheque en blanco, entregado de manera irregular en los últimos días de la administración de Olmedo López. Es un acto administrativo que no cumple con los requisitos necesarios, especialmente tratándose de una suma tan grande“, advirtió Carrillo.
Sobre la acción judicial, se indicó que la UNGRD ya fue notificada de la admisión de la tutela interpuesta ante el Tribunal Administrativo de Riohacha por el alcalde Buitrago, en la que solicita se amparen los derechos fundamentales del municipio.
“Creemos que esto es un abuso del mecanismo de la acción de tutela por parte del alcalde de Uribia. La acción de tutela busca proteger los derechos fundamentales de los individuos, y este no es el caso”, agregó Carrillo.
Cabe destacar que el Fondo de Inversión Colectiva por 231 mil millones de pesos, objeto del recurso, se tramitó de manera exprés el 26 de febrero de 2024 mediante la Resolución 144.
“Quiero hacer una petición: revocar de mutuo acuerdo con el alcalde de Uribia el Fondo de Inversión Colectiva. Esos recursos no se van a desembolsar mientras yo esté aquí y, además, vamos a demandar el propio acto administrativo. Es importante aclarar que tenemos detenidos y estamos revisando a fondo más de 600 mil millones de pesos comprometidos en FIC por la administración de Olmedo López”, explicó el funcionario.
Finalmente, se anunció que la UNGRD instauró la acción de lesividad (Nulidad y Restablecimiento del Derecho) contra el Fondo de Inversión Colectiva por 231 mil millones de pesos, con el fin de garantizar que se revierta la asignación irregular de recursos al municipio de Uribia y asegurar el adecuado manejo de los dineros públicos.