En el marco de sus funciones de inspección, vigilancia y control, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) impuso a Alcanos S.A. E.S.P. un Programa de Gestión con el objetivo de que ajuste la tarifa del servicio público de gas natural correspondiente a los consumos facturados con sobre precio desde enero hasta que se aplique la corrección, y que devuelva a los usuarios los montos de los cobros indebidos.
Al respecto, se destaca que la Superservicios encontró que Alcanos incrementó las tarifas en el 51% a partir del consumo de enero con efectos hasta la fecha, pero que esta alza no estaba justificada puesto que la empresa contaba con las reservas suficientes de gas natural nacional para suplir con prioridad la demanda esencial.
En tal sentido, indica que revisando la facturación y de la información comercial reportada por la empresa, la Superintendencia encontró que Alcanos disponía de suficiente gas contratado con ECOPETROL, pero que decidió reportar de forma irregular una disponibilidad menor e insuficiente con el propósito de justificar la importación de gas con destino a la demanda residencial. Dado que el gas importado tiene un precio mayor, este hecho le sirvió de argumento para incrementar las tarifas a las familias.
Según la Superservicios, esta conducta viola la regulación tarifaria del servicio público de gas combustible por redes establecida en la Resolución CREG 137/13 y constituye un incumplimiento de la obligación de prestar de forma eficiente el servicio público domiciliario a más de un millón de usuarios en Antioquia, Boyacá, Caldas, Caquetá, Cauca, Cundinamarca, Huila, Nariño y Tolima.
Además, señala que el programa impuesto tiene como objetivo proteger los derechos de los usuarios ordenando a Alcanos recalcular las tarifas, devolver el 100% de las sumas cobradas en exceso e incorporar disposiciones de gobierno corporativo encaminadas a garantizar que Alcanos S.A. no vuelva a incurrir en cobros indebidos.
Finalmente, la Superservicios resalta que “ordena iniciar el proceso sancionatorio y remite copias a los entes de control, a la Superintendencia de Industria y Comercio y a la Fiscalía General de la Nación. El principal interés de esta medida es garantizar como un derecho de la ciudadanía la prestación de los servicios públicos domiciliarios”.