En el marco de la Estrategia Institucional contra la Extracción ilícita de Yacimientos Mineros, EIMIL, en lo corrido del año 2023 se han llevado a cabo en el territorio nacional 827 operaciones, lo que representa 2,2 operaciones por día, logrando intervenir 3.482 minas.
Estas actividades operacionales han permitido llevar ante las autoridades judiciales a 1.114 personas por este fenómeno delictivo, así como la destrucción de 146 retroexcavadoras, 310 dragas y 760 motores.
Adicionalmente, se ha logrado la incautación de 172 excavadoras, 193 dragas, 1.289 motores, 37 kilogramos de oro, 100 kilogramos de mercurio y 873 kilogramos de explosivos. Estos resultados representan una afectación a las finanzas criminales cercanas a los 302.826 millones de pesos (75,8 millones de dólares).
Al respecto, se indicó que una de las organizaciones criminales que más afecta la riqueza natural del país es el ‘Clan del Golfo’. Por eso, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación se han realizado 69 operaciones contra estructuras multicrimen dedicadas a la extracción ilícita de yacimientos mineros en el territorio nacional; lo que permitió la ejecución de 80 capturas de determinadores, quienes estarían constriñendo a población vulnerable para estas actividades.
Derivado de las operaciones realizadas se adelantaron siete procesos de extinción del derecho de dominio, afectando el emporio económico mediante la aplicación de medidas cautelares a 86 bienes muebles e inmuebles, que alcanzan un valor aproximado de 65.000 millones de pesos.
Paralelamente, se realizaron tres operaciones de carácter trasnacional, coordinadas con países como Estados Unidos, Turquía, Italia y Emiratos Árabes, afectando organizaciones criminales dedicadas a la exportación de oro, que permiten una afectación a la cadena delictiva desde la explotación hasta la comercialización.
Protección del medio ambiente en el país 2023
Para la protección de los activos de fauna y flora, en el país se han desarrollado 68 operaciones estructurales, que permitieron la captura de 338 personas por orden judicial, dentro de los cuales se encontrarían determinadores y financiadores de delitos medioambientales.
De estas operaciones, ocho se ejecutaron para la contención de la deforestación, desplegadas en áreas protegidas, como los Parques Nacionales Naturales Chiribiquete, Paramillo, Serranía de los Yariguies, La Paya, Puré, Amacayacu, Farallones y Nukak Makú.
Para la protección de las especies en peligro de extinción se resaltan dos actividades operacionales, mediante las cuales se desarticularon estructuras que venían generando aprovechamiento ilícito de recursos naturales de especies marinas, como tortugas y tiburones, los cuales eran comercializadas para consumo humano y que se encuentran en peligro de extinción.
Las finanzas criminales que se lograron afectar con el desarrollo de estas actividades alcanzan los 403.150 millones de pesos, representados en la destrucción de infraestructura e incautaciones de hidrocarburos producto de apoderamiento, así como las incautaciones de fauna producto de redes que se dedican a su tráfico y la incautación de recurso forestal en general.
Las actividades operacionales se han venido desarrollando a partir de la integración con agencias internacionales y cuerpos de policía extranjeros, en un trabajo articulado con INTERPOL, AMERIPOL, Red Jaguar, Policía Federal de Brasil y Policía del Ecuador, entre otras.
Impactos ambientales
Con los resultados obtenidos en las operaciones adelantadas en este 2023, se ha evitado la deforestación de 57.240 hectáreas de bosque, la remoción de 2,7 millones de toneladas de tierra y la destrucción e incautación de las 318 retroexcavadoras.
Además, se evitó que se arrojaran cerca de 36 millones de gramos de mercurio a las fuentes hídricas del país, dejando de contaminar 21,6 billones de litros de agua, con la incautación y destrucción de 503 dragas.
La incautación de 24,5 millones de galones de derivados del petróleo previno la contaminación de 46 billones de litros de agua.