El vicecontralor general de la República en funciones, Carlos Mario Zuluaga, al presentar los resultados preliminares del análisis, indicó que “el primer mensaje es: el ADRES está al día con los giros a 31 de octubre de 2023. Ha girado 64 billones de pesos. Está pendiente y tiene una deuda del año 2023 por girar de 13 billones de pesos”.
De igual manera, el funcionario aseguró que “los giros de la UPC (Unidad de Pago por Capitación) se vienen realizando con regularidad por parte del ADRES a las EPS, y a las IPS en los casos de los giros directos, como ustedes han sabido, cuando se habla de presupuestos máximos. De tal manera que no hay riesgo de iliquidez del sistema”.
Así mismo, el contralor con vicecontralor con funciones de contralor General con funciones enfatizó que “lo que significa que bajo el modelo jurídicamente vigente no existe hoy ninguna posibilidad de que las EPS nieguen la prestación del servicio de salud, la atención de salud y la prestación de asistencia médica a todos los colombianos afiliados que se encuentran hoy amparados bajo el régimen de salud”.
Con respecto al estudio presentado, se informó que la Contraloría General de la República, a través de su delegada de Salud, analizó el tema de las inconformidades de los usuarios de algunas EPS en relación con la prestación de los servicios de salud, entre 2018-2022.
En tal sentido, una de las conclusiones a las que llegó el órgano de control fiscal es que las deficiencias en la prestación de los servicios de salud pueden causar sanciones económicas a las EPS y éstas, a su vez, han usado indebidamente los recursos del sistema de salud para superarlas, generando así daño patrimonial al Estado e impactando negativamente la atención y, por ende, la calidad de vida de los usuarios.
De igual manera, como recomendación general de este estudio, se sugiere que las entidades de vigilancia y control fortalezcan aceleradamente el seguimiento a la capacidad gerencial de las EPS, en el cumplimiento de la normatividad, la calidad y oportunidad en prestación de servicios y la administración del flujo de recursos establecido por el sistema para garantizar el derecho fundamental a la salud.
El Estudio
Puntualmente, a través de la Dirección de Estudios Sectoriales de esta delegada, se evaluó la gestión de 10 Entidades Promotoras de Salud (EPS) del régimen contributivo y 21 del subsidiado (de las cuales 5 EPS son indígenas), frente a la prestación de servicios de salud para los años señalados.
Inicialmente, se analizaron las inconformidades de los ciudadanos con la atención en salud que fueron reportadas ante la Superintendencia Nacional de Salud en estos 5 años. En total, en este periodo dicha entidad recibió 4.436.032 Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias (PQRD), de las cuales 1.690.128 (el 38%) fueron por “riesgo de vida”, es decir que el paciente se encontró en una situación en que su vida o integridad estaba en peligro si no recibía atención médica inmediata.
Las reclamaciones más frecuentes de los usuarios fueron: la demora en la asignación y autorización de citas de medicina especializada, seguida de retrasos en la autorización y en la entrega de medicamentos.
Adicionalmente, la Contraloría revisó los informes de la Defensoría del Pueblo que consolidan las tutelas interpuestas por los ciudadanos afiliados, reclamando el derecho a la salud. Y el dato que se consolidó es que durante los años 2018-2021, se reportaron 483.866 peticiones, de las cuales fueron concedidas en primera instancia el 72,5% promedio anual.
Los motivos contenidos en las providencias emitidas por la Corte Constitucional indicaron que el mayor porcentaje (62,6%) fueron por deficiencias en la atención, correspondientes principalmente a servicios de consulta externa, atención hospitalaria, cuidados intensivos y tratamientos para diferentes enfermedades. La segunda causa fue el acceso a medicamentos con el 14,7%.
Sanciones pagadas con recursos de la salud
El análisis de la CGR revisó el seguimiento que hace la Superintendencia de Salud a las deficiencias en la atención manifestadas por los afiliados, encontrando que se emitieron ocho sanciones económicas a tres Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB) durante el periodo estudiado, por la suma de $6.642.848.730. Las entidades sancionadas fueron Medimás, Saludvida y Caja de Compensación Comfacundi.
Respecto al pago de las multas, la Ley es clara en decir que estas: deben hacerse con recursos diferentes a los de la entidad si es impuesta a título personal, y si es a personas jurídicas, deberán ser asumidas con su patrimonio y en ningún caso para su pago se podrá acudir a los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
En cumplimiento del proceso auditor a las entidades del sistema, durante el período 2018-2021, la Contraloría General de la República constituyó 152 hallazgos con incidencia fiscal a 20 Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB), correspondientes a $26.301.001.979 por incurrir en el pago de multas interpuestas principalmente por la Supersalud y la DIAN con recursos del Sistema de Salud, incurriendo así en una ilegalidad, según la normatividad vigente.
Presidente Petro destaca informe preliminar de la Contraloría
Entre tanto, el presidente Petro, a través de su cuenta en la red social X, con respecto al análisis preliminar de la Contraloría General de la República sobre las finanzas de 22 Empresas Promotoras de Salud (EPS) del país, aseguró que “mi gobierno ha cumplido con la ley en el giro a las EPS”.
De acuerdo con el jefe de Estado, “los problemas financieros de las EPS tienen que ver con que los recursos públicos que se les asignan son utilizados de manera irregular”.
A su vez, en la misma red social, el contralor general de la República en funciones, Carlos Mario Zuluaga, destacó que “los giros de la UPC a las EPS y a las IPS se vienen realizando con regularidad por lo que no hay riesgo de iliquidez del sistema”.