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“Los feminicidios están afectando de manera especial a las adolescentes entre los 14 y 18 años”: directora ICBF

Con un llamado a atender integralmente a las niñas y adolescentes víctimas de violencias basadas en género y feminicidios, la directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Astrid Cáceres, insistió en que este es un fenómeno que debe ser visibilizado.

En esta oportunidad, durante su participación en la mesa de seguimiento Feminicidio y Violencia de Género, convocada por la Procuraduría General, Astrid Cáceres mencionó las cifras entregadas por organizaciones sociales, que dan cuenta de 30 feminicidios en menores de 18 años, presentados en todo el país durante este 2024.

“Esto subraya la necesidad de visibilizar y abordar este fenómeno con un enfoque integral que considere tanto el curso de vida como la perspectiva territorial. El feminicidio en niñas y adolescentes no es un hecho aislado, está estrechamente relacionado con otras formas de violencia de género como la violencia sexual, la trata de personas, la mutilación genital femenina y el matrimonio infantil”, manifestó la funcionaria.

De igual manera, la funcionaria señaló que, en muchos lugares, están naturalizadas todavía las relaciones patriarcales donde el hombre cree que posee a las mujeres y cuando son adolescentes entre 16 y 18 años la afectación emocional puede ser más fuerte y también la vulnerabilidad, entonces son presa fácil para algunos depredadores y debemos tener las alertas para poder defenderlas.

Ante esta situación, la directora del ICBF hizo un segundo llamado a generar cambios culturales en torno a la violencia basada en género para transformar las actitudes y comportamientos de la sociedad, así como también una reestructuración de las culturas institucionales.

“Nuestro compromiso es claro: erradicar la violencia de género y garantizar un entorno seguro y equitativo para todas las mujeres y niñas en Colombia”, puntualizó.

Cabe destacar que, entre enero y mayo de 2024, Bienestar Familiar abrió 6.579 Procesos Administrativos de Restablecimiento de Derechos (PARD) por violencia sexual, de los cuales el 87% correspondieron a niñas y mujeres adolescentes.

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