La atención y reparación integral de las víctimas del conflicto armado es uno de los propósitos principales del Gobierno para consolidar la paz. A través de la Guía para la incorporación de la política pública de víctimas (PPV), se busca que los 1.102 nuevos alcaldes y 132 gobernadores cuenten con las herramientas para garantizar los derechos de las víctimas a través de sus Planes de Desarrollo Territorial.
Según la Unidad para las Víctimas, ahora los mandatarios locales y regionales tendrán acceso al ABC de los lineamientos y a los tres ejes que facilitarán la incorporación de la política pública en sus Planes de Desarrollo Territorial:
- Medidas exclusivas para la población víctima del conflicto armado.
- Medidas sociales y dirigidas a la población vulnerable que contribuyen a la superación del Estado de Cosas Inconstitucional, decretada para la población en situación de desplazamiento forzado.
- Medidas individuales y colectivas que aportan a la reparación.
Según cifras de la Unidad para las Víctimas, más del 18 por ciento del total de la población se encuentra incluida en el Registro Único de Víctimas.
“En el 2024 se garantizará un presupuesto de 4,4 billones de pesos, superior a los 2,7 billones de pesos del 2023, lo que significará un gran avance para superar los rezagos con las víctimas. De este total, 3,4 billones se destinarán a procesos de reparación”, aseguró la Unidad para las Víctimas.