Con corte a 29 de febrero de 2024, el número de las personas incluidas en el Registro Único de Víctimas asciende 9,659,204, como lo indica el boletín de marzo de 2024 de Datos para la Paz, el informe mensual de la Unidad para las Víctimas sobre el panorama de los hechos victimizantes en Colombia.
Según la entidad, esto significa que el 18,3% de los colombianos, aproximadamente dos de cada 10 personas, son víctimas del conflicto armado.
Así mismo, respecto a la cifra de víctimas incluidas en RUV, de acuerdo con el departamento de ocurrencia de los hechos victimizantes, el boletín indica que Antioquia, con 1.910.700 personas, se mantiene como aquel con mayor cantidad de personas afectadas por el conflicto armado en el país.
Además, Lo secunda Bolívar, con 733.311 víctimas del conflicto armado; Nariño, con 620.725; Valle del Cauca, con 611.315, y Chocó con 541.316. El listado lo completan los departamentos del Cauca (538.446 víctimas); Magdalena (528.046); Córdoba (466.686); César (460.467) y Norte de Santander (396.375).
Cabe destacar dos datos que evidencian retos con poblaciones vulnerables, incluidos en este boletín:
Por un lado, hay 6.027 víctimas que se identifican como población con orientaciones sexuales diversas, algo que evidencia un desafío en su reconocimiento.
Por otro, en los departamentos del Pacífico (Nariño, Cauca, Valle del Cauca y Chocó) la proporción de víctimas étnicas supera el 48% del total incluidas, haciendo necesario un enfoque étnico en la atención estatal en esta zona del país.
En cuanto a los hechos victimizantes, los datos recopilados evidencian que el desplazamiento forzado es el que tiene el mayor número de registros y que la cantidad de víctimas desplazadas pasó de 8.591.385 en el registro de febrero a 8.609.804 en el presente boletín.
De igual manera, los homicidios se mantienen como el segundo hecho victimizante con mayor número de personas afectadas, con 1.101.728, de los que 277.323 corresponden a víctimas directas y 824.405 a víctimas indirectas. En tercer lugar, se encuentran en las amenazas con 682.634.
En la presente entrega de Datos para la Paz se incluye un apartado especial sobre la situación socioeconómica de las víctimas del conflicto armado en un país como Colombia en el que para 2022, de acuerdo con las cifras más recientes del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el 36% de su población vivía en situación de pobreza.
Una situación difícil, pero que es aún más preocupante para las víctimas del conflicto que se encuentran en niveles de pobreza monetaria, extrema y multidimensional más complejos. Según el DANE, para 2022 el 51,6%, es decir más de la mitad de las víctimas de desplazamiento, estaban en situación de pobreza monetaria.
En esta edición del boletín se presentan no solo los principales resultados sobre la pobreza monetaria, extrema y multidimensional para las víctimas de desplazamiento forzado, sino también un análisis de distintas variables y particularidades como brechas de género, situaciones urbano-rurales, intergeneracionales y territoriales, con las que se pueda dimensionar la problemática y aportar en la toma de decisiones que conlleven a tener soluciones duraderas para las víctimas.
Contexto sobre cómo se entiende la pobreza en Colombia:
La línea de pobreza extrema se configura cuando un hogar recibe menos de $198.698 por persona o $794.792 para un hogar de cuatro personas. En cuanto a la pobreza monetaria, esto se entenderá si el hogar recibe menos de $396.864 por persona o $1.587.456 para un hogar de cuatro personas.
El Índice de pobreza multidimensional evalúa el nivel de carencias de los hogares en cinco dimensiones del bienestar (educación; salud, trabajo; condiciones de la niñez y juventud, y acceso a servicios públicos domiciliarios y condiciones de la vivienda), que comprenden 15 variables. Si un hogar tiene privaciones al menos en 5 de las 15 variables se considera en pobreza multidimensional.
En cifras concretas, para 2022 el 36,6% de la población del país (18.331.941 colombianos) se ubicaba en pobreza monetaria; el 13,8% (6.904.501 personas) estaba en pobreza extrema y un 12,9% (6.607.000 personas) se encontraba en pobreza multidimensional.
A estos datos se suma que los habitantes de zonas rurales eran más pobres, tanto en pobreza monetaria como en multidimensional, que la población que vivía en zonas urbanas. Además, que los residentes de zonas rurales eran al menos tres veces más pobres multidimensionalmente que los habitantes de las ciudades.
Puntualmente los hallazgos sobre la población víctima del conflicto armado revelan que, en los últimos cuatro años, la brecha de pobreza monetaria y extrema entre las víctimas y no víctimas se duplicó. La medición se ubicó en 51,6% para la población víctima frente a un 34,7% de la población no víctima.
Una diferencia de 16,9 puntos que en 2019 se ubicaba en 8,8. Esto quiere decir que, aunque la pobreza monetaria no aumentó pues también se ubicó en 51,6%, la brecha para la población víctima siguió creciendo e incluso más de la mitad de las víctimas siguen en pobreza monetaria.
En cuanto a la pobreza multidimensional, esta línea aumentó para toda la población debido a la pandemia. Sin embargo, la cifra ha venido en descenso para toda la población nacional e incluso la brecha entre las víctimas y no víctimas se ha reducido.
Esto implica un impacto positivo de los programas y estrategias de focalización y priorización, en un ejercicio que se podría profundizar con la adopción de la estrategia de soluciones duraderas que estructura Naciones Unidas junto con el Gobierno nacional y que conlleva a la implementación de un enfoque más amplio en las intervenciones, que permita abordar las necesidades de los territorios.