El jefe de la cartera de Defensa, Iván Velásquez, junto a comandantes regionales de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, lideró un consejo de seguridad en el que se revisó la situación de orden público en el departamento de Putumayo.
En esta ocasión, en compañía de alcaldes, secretarios de gobierno y demás representantes de las instituciones del Estado, también se analizó la crisis humanitaria por la que están atravesando las comunidades, producto de los enfrentamientos entre las organizaciones armadas ilegales autodenominas como ‘Comandos de Frontera’ y la estructura ‘Carolina Ramírez’ del Estado Mayor Central.
Para el ministro de Defensa, dos de las principales actividades ilícitas con las que las organizaciones armadas ilegales de Putumayo se financian son: la extracción ilícita de minerales y la producción y comercialización de clorhidrato de cocaína.
Frente a esta segunda fuente ilegitima de ingresos, el funcionario encontró una desproporción entre las cifras de incautaciones y decomisos, versus la cantidad de cultivos ilícitos presentes en la región.
“Esto es uno de los puntos en los que creo que tenemos que insistir. Porque, si aquí hay 49.000 hectáreas sembradas de coca, tendrían que ser toneladas de cocaína o de pasta que se estuvieran decomisado. Y ese es un punto en el llamado, tanto a las Fuerzas Militares como a la Policía, en la necesidad del incremento sustancial”, advirtió el ministro.
De otra parte, durante el Consejo de Seguridad, las autoridades coincidieron en la imperiosa necesidad de que tanto las entidades del orden nacional, como departamental y municipal coordinen las acciones que ameriten, para garantizar la pronta atención humanitaria a las comunidades que en el territorio se han visto afectadas por los enfrentamientos entre los distintos grupos armados ilegales.
Al respecto, el ministro recordó que ningún decreto de cese al fuego vigente significa permisibilidad a las organizaciones ilegales para que cometan delitos, sin ninguna reacción por parte de Fuerza Pública, recordó el papel de las Fuerzas Militares en el territorio, en el sentido de brindar protección a las comunidades y aseguró que “cuando la afectación es necesario evitarla, yo creo que la Fuerza Pública tiene que intervenir.
Frente al tema de seguridad ciudadana para los municipios y ciudades de Putumayo, el Consejo de Seguridad dejó como resultado la llegada de 24 nuevos uniformados del Gaula Militar, así como el arribo gradual de más de 700 soldados a partir del mes de abril.
De igual forma, las autoridades anunciaron la llegada de 58 nuevos policías a partir de la siguiente semana, los cuales se suman al centenar que se tienen destinados para el inicio del segundo semestre del año.
Finalmente, el ministro reveló que próximamente la Fuerza Pública va a duplicar sus acciones contra la minería ilegal en todo el territorio nacional, gracias a que el presidente Petro va a firmar un decreto con el que se autorizará a las Fuerzas Militares realizar, de manera autónoma, operaciones contra este flagelo, sin la necesidad del liderazgo de la Policía Nacional, institución que actualmente, es la única facultada legalmente para hacerlo.