La directora Jurídica de la Unidad de Restitución de Tierras, URT, Paula Villa Vélez, a través del Registro Único de Protección de Predios Abandonados interpuso medidas cautelares para proteger predios que hacen parte de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, CPSJA, y que por casi tres décadas han sido afectados por acciones violentas de grupos delincuenciales.
Al respecto, se destacó que con la medida se da cumplimiento a los acuerdos establecidos en la mesa interinstitucional liderada por el Ministerio del Interior y la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, de la cual la URT hace parte.
Según la directora Jurídica de la URT, los actos administrativos proferidos reconocen a la CPSJA como víctima por la incidencia del conflicto armado. Agrega que “la Comunidad de Paz cuenta con medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde el 2018 donde les reconoce como víctimas colectivas”.
Igualmente, la funcionaria sostiene que “este colectivo es una apuesta pacífica de campesinos organizados que hacen resistencia al conflicto interno armado, declarándose neutrales frente a los actores armados irregulares y en ruptura con el Estado. Son sujetos colectivos campesinos con especial protección constitucional, atendiendo lo dispuesto en el Acto Legislativo 01 de 2023”.
Sobre el particular, la URT resalta que los 40 predios distribuidos en 21 fincas y en los que la Comunidad de Paz de San José de Apartadó (CPSJA) tiene relación jurídica de propiedad, posesión y explotadores de baldíos están en inminente riesgo de abandono como consecuencia de nuevos hechos de violencia. Con la medida, se busca garantizar la permanencia de sus integrantes en el territorio.
En ese sentido, la finalidad de estas medidas de protección de los bienes inmuebles de los desplazados y las personas en riesgo de serlo es proteger su derecho de propiedad, posesión y ocupación como desarrollo del principio fundamental constitucional previsto en el artículo 2°, el cual busca proteger a todas las personas residentes en Colombia, su “honra, bienes y creencias, y demás derechos y libertades” y puedan disfrutar de los bienes sobre los que ostentan algún tipo de derecho, particularmente de la tierra.
Cabe señalar que la Comunidad de Paz de San José de Apartadó ha sido reconocida como víctima colectiva ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, por medio de medidas provisionales que obligan al Estado Colombiano, proferidas por la Corte IDH el 05 de febrero de 2018, tras haber denunciado por más de 27 años múltiples hechos de violencia.
Entre los hechos victimizantes se cuentan dos masacres, que hace que persistan los riesgos contra la vida de sus miembros, representantes, acompañantes internacionales y la integridad territorial de los predios ocupados colectivamente y sobre los cuales desarrollan actividades agroecológicas y de subsistencia, conforme a su modo de vida campesino y su decisión de neutralidad frente a la guerra. Desde el año 2005, la CPSJA declaró su ruptura con el Estado, restringiendo las relaciones con organismos o entidades estatales.
“El último hecho violento ocurrió el 19 de marzo del presente año en el departamento de Antioquia, municipio Apartadó, vereda La Esperanza, del corregimiento de San José de Apartadó, que dejó como saldo el asesinato de Nallely Sepúlveda y Edinson David, personas pertenecientes a la CPSJA, este último menor de edad de catorce (14) años. Acción violenta que rechazó la URT”, destacó la directora Jurídica de la URT, Paula Villa Vélez.