Los territorios de Magdalena y Atlántico han sido históricamente epicentro de hechos violentos asociados a la tenencia de la tierra. El contrabando, narcotráfico, guerrilla y paramilitares, entre otros actores ilegales, sembraron el terror durante décadas en las comunidades de esos departamentos.
Ante esta histórica situación, la Unidad de Restitución de Tierras, URT, volvió a la región después de que, en 2017, se había eliminado en anteriores administraciones la atención a las víctimas del despojo y abandono forzoso.
En tal sentido, según la directora territorial de la URT en Magdalena y Atlántico, Marly Molina Álvarez, “en 20 meses, la Unidad ha reforzado el equipo con profesionales especializados en temas étnicos, para dar prioridad y revisar los expedientes, algunos suspendidos o archivados”.
De igual manera, la funcionaria destacó que, en la actual administración, la entidad ha logrado ingresar a las zonas más violentas y apartadas para atender las necesidades de las víctimas. Ahora, prepara una demanda de restitución de derechos territoriales en favor del Consejo Comunitario Jacobo Pérez Escobar, en el corregimiento de Macaraquilla, zonal rural de Aracataca (Magdalena).
“Allí, la URT, pondrá a disposición de los jueces la demanda por 1.064 hectáreas, con la que unas 360 familias volverían a gozar de sus derechos territoriales ancestrales. Las comunidades del consejo Jacobo Pérez sufrieron la violencia de la época de la bonanza marimbera, entre los años setenta y ochenta, mientras que en los noventa sufrieron la pesadilla guerrillera y paramilitar”, sostuvo la funcionaria.
Por otra parte, la Dirección de Asuntos Étnicos, DAE, de la URT, liderada por Acxan Duque, trabaja en la demanda del emblemático Consejo Comunitario de Comunidades Negras Rincón Guapo, fundado en 1545 por cimarrones como expresión de resistencia ante la esclavitud, a las orillas de la Ciénaga Grande de Santa Marta, en Pueblo Viejo (Magdalena). Son 1.114 hectáreas en proceso de restitución y unas 1.274 personas se beneficiarían con una sentencia favorable.
Cabe señalar que esta comunidad fue reconocida como sujeto de reparación colectiva, tras sufrir graves violaciones a los derechos humanos por el despojo de tierra, confinamiento, asesinato de 42 líderes, tres desplazamientos masivos (2002, 2005 y 2007), violencia sexual y de género, amenazas, discriminación, estigmatización, reclutamiento forzado y un debilitamiento de la integridad cultural, según el Informe Final de la Comisión de la Verdad.
Igualmente, vale resaltar que, desde el año pasado, la URT, liderada por el mayor Giovani Yule, viene implementando estrategias de articulación con las entidades del sector, las autoridades locales y regionales para avanzar en la priorización y atención a las comunidades negras.
En tal sentido, Yule firmó un pacto de reparación y restitución de derechos territoriales con el consejo Rincón Guapo para llevarles seguridad alimentaria, como parte del proceso de reparación y restitución de derechos territoriales. La Unidad ya desarrolla proyectos productivos con más de 11.000 grupos familiares, impulsando el cambio y el progreso en todo el país.
“Hijos y nietos de tantos despojados y desplazados de la Costa Caribe no pierden la esperanza de que, acompañados por toda la fuerza institucional y la voluntad política del Gobierno, puedan vivir en paz en sus territorios. Ya se trabaja con otros tres consejos comunitarios en Magdalena”, enfatizó la URT.
Por último, la entidad puntualizó que “la Unidad impulsa concertada e integralmente proyectos con siete consejos comunitarios en Atlántico. Con Suto gende mi (en lengua palenquera, Nosotros gente mía) en Luruaco, y Ma gende mi (La gente mía) en Repelón”.