La Unidad de Restitución de Tierras, URT, lideró el Subcomité Técnico Nacional de Restitución de Tierras, que busca articular e impulsar el cumplimiento de la política pública de reparación integral a las víctimas del conflicto armado en Colombia.
En esta oportunidad, en la primera sesión del año, se presentaron los delegados de la Mesa Nacional de Víctimas y se oyeron sus posiciones frente a los procesos. Idaly Londoño Ruiz, representante de Risaralda en la Mesa Nacional de Víctimas, presentó una propuesta enfocada en la atención a las mujeres campesinas, afrodescendientes e indígenas.
“Somos la voz de todas las víctimas en Colombia y en el exterior. Queremos saber cómo están los procesos de restitución integral, el estado de los fallos y los enfoques diferenciales para llegar a los territorios”, sostuvo la líder.
De igual manera, Londoño Ruiz expresó su preocupación por los territorios donde no se puede acceder por problemas de orden público. Cauca y Chocó hacen parte de los departamentos más afectados.
Entre tanto, Eduardo Cetina, líder social de Yopal (Casanare), pidió a las entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, SNARIV, que cumplan con la reparación integral y que se superen todos los obstáculos para poder responderles a ellas.
“Hoy tenemos voz y voto: queremos abordar temas de restitución de tierras e identificar las falencias, porque en 12 años no hemos avanzado. En Casanare falta articulación y los intereses políticos no dejan atender a las víctimas”, señaló.
Así mismo, en el encuentro participaron diferentes entidades del Gobierno Nacional, que acudieron a plantear acciones en el componente étnico, tal como lineamientos respecto del rol y las competencias para el cumplimiento de las órdenes de derechos territoriales.
Al respecto, Acxan Duque Gámez, director de Asuntos Étnicos de la URT, presentó la sesión y enfatizó en el objetivo de mostrar y hacer seguimiento a los casos priorizados en etapa de posfallo.
“La URT impulsa la priorización de las sentencias étnicas y, desde este espacio, invitamos a todas las entidades a que demuestren cuál es el estado de sus compromisos en el cumplimiento de las órdenes de los jueces”, indicó.
Cabe destacar que esta reunión contó con la novedad de que se cambió el reglamento interno para vincular a nuevas entidades y así garantizar una articulación e impulso al cumplimiento de la política de restitución integral de derechos territoriales.
Análisis de sentencias históricas
En el marco de las políticas del Gobierno, se analizaron sentencias que marcaron un hito en los procesos de restitución de derechos étnicos-territoriales.
La plenaria del subcomité analizó el cumplimiento de la sentencia del Alto Atrato Cocomopoca y del Resguardo Indígena Embera del Alto Andágueda (Chocó), tal como otros fallos judiciales en Valle del Cauca y Nariño.
Los asistentes subrayaron que la sentencia del Alto Andágueda lleva más de una década sin que se realice el retorno de las comunidades. Han sufrido todo tipo de violencias: presencia de grupos armados, disputa por minería, explotación e imposibilidad de acceder a bienes y servicios básicos por causa de la ausencia del Estado.
Además, esta situación ha generado el desplazamiento de más de 2.000 personas, pertenecientes a las 37 comunidades que conforman el resguardo. La mayoría se han asentado en Bogotá, Medellín, Cali y Pereira, ciudades en las que cientos se encuentran actualmente en condición de mendicidad, en especial mujeres, niñas y niños.
Finalmente, se anunció que el subcomité sesionará nuevamente a fin de año, como instancia de articulación y coordinación interinstitucional que construye lineamientos y recomendaciones, para orientar a diferentes instituciones del nivel nacional y territorial en el proceso de formulación e implementación de la política de restitución.