El ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo, expuso ante el país la deuda histórica que ha afectado al sistema de salud por más de 25 años; año tras año, gobierno tras gobierno, y señaló que “se ha evidenciado la necesidad urgente de contar con un sistema de salud garantista, de calidad y digno para todos”.
En su intervención, durante el Consejo de Ministro, el titular de la cartera de Salud recalcó que la crisis del sistema de salud ha sido una constante durante años y que refleja un problema estructural que persiste.
Según el funcionario, a esta situación se suman las largas filas y demoras en la atención de los servicios de salud, irregularidad en la entrega de medicamentos, atención deshumanizada, la precarización laboral del personal de salud, la falta de cobertura en zonas rurales y las millonarias deudas de las EPS, profundizando aún más la crisis y afectando directamente a los pacientes.
En tal sentido, el ministro subrayó que, desde la administración de Andrés Pastrana en el año 2000, se han liquidado 117 EPS, de las cuales, solo cuatro han sido en este Gobierno porque no tienen patrimonio ni capital ni reservas técnicas, es decir, no tienen cómo operar.
“Lo más grave de las EPS intervenidas es la deuda que tienen de $17.7 billones, las no intervenidas $4.8 billones, es decir un total de $22.5 billones. El señor presidente ordenó que no se liquidaran porque de hacerlo, se acabaría el sistema. Las tenemos en cuidados intensivos”, agregó el ministro.
De acuerdo con el titular de la cartera de Salud, a esto se suma la corrupción; varios escándalos descubiertos a lo largo de los años, como es el caso de Saludcoop, revelado en noviembre de 2013, donde se financiaron viajes de directivos y sus esposas con recursos de las EPS, además del desvío de 1,4 billones de pesos.
También llamó la atención sobre el ‘Cartel de la Hemofilia’, que desangró el sistema de salud en 50.000 millones de pesos mediante IPS de papel y pacientes falsos en Córdoba, generando millonarios recobros. Un escándalo conocido en julio de 2016.
Más recientemente, explicó el ministro, en diciembre de 2024, se destaparon irregularidades en Coosalud, con desvío de fondos a paraísos fiscales, autopréstamos, creación de IPS de papel y la concentración de recursos en negocios afines.
Igualmente, la Contraloría General de la República tiene abiertos, desde 2022 hasta marzo de 2025, múltiples procesos por malos manejos de dinero en el sector salud:
- 522 procesos de responsabilidad fiscal por un total de $11 billones.
- 111 imputaciones de responsabilidad fiscal por $498.539 millones.
- 41 fallos de responsabilidad fiscal debidamente ejecutoriados por $542.995 millones.
- 148 indagaciones preliminares por $527.316 millones.
“Esta crisis financiera ha generado múltiples afectaciones en la atención a los pacientes, entre ellas la demora en la entrega de medicamentos, la falta de oportunidad en los tratamientos y la presión sobre hospitales y clínicas”, explicó el ministro.
En este sentido, el Superintendente Nacional de Salud, Giovanny Rubiano, señaló que, la problemática de la entrega de medicamentos es solo una de tantas dificultades que enfrenta el sistema, pues responde a causas tanto estructurales como coyunturales.
Por ello, la Supersalud ha intensificado el seguimiento semanal a las EPS intervenidas, con el objetivo de evaluar sus acciones y promover soluciones de fondo, reiterando que la salud es un derecho fundamental que debe prevalecer sobre cualquier dificultad entre gestores y EPS.
Además, el Supersalud se pronunció sobre la reciente ruptura contractual entre Nueva EPS y Audifarma, destacando que “entre diciembre de 2024 y febrero de 2025, Nueva EPS giró a Audifarma la suma de $265.269 millones de pesos, sin que el gestor garantizara la dispensación de medicamentos a los usuarios, tal y como estaba previsto en el acuerdo de pago. Según confirmó Nueva EPS, el gestor incumplió en 87% con la entrega de los medicamentos y el plan de desmonte de su operación en las zonas del Eje Cafetero, Valle y Nariño, como se había acordado previamente”.
Por su parte, el ministro de Salud fue enfático en señalar que la crisis del sistema no solo responde a problemas administrativos y financieros, sino también a la corrupción.
“La corrupción en el sistema de salud no solo roba recursos, también les cuesta la vida a los pacientes. Cada peso desviado es un tratamiento que no llega, un medicamento que falta, una atención que se niega. No podemos permitir que sigan lucrándose a costa de la vida de las personas, porque la salud es un derecho, no un negocio”, afirmó.
Además, agregó además que “el argumento de que ‘ustedes no aumentaron la UPC por encima de la inflación’ no tiene fundamento. ¿Por qué no le reclamaron lo mismo a los gobiernos anteriores? En este Gobierno, las EPS han recibido mucho más dinero que en años anteriores”.
Cabe señalar que, de acuerdo con el Ministerio, la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el principal gasto del Gobierno por cada ciudadano en salud, ha tenido incrementos históricos. En 2024 subió 12,01%, superando en 7 puntos la inflación; este año el aumento fue del 5,36%, 2 puntos por encima de la inflación.
En esta misma línea, el director de la ADRES, Félix León Martínez, aseguró que, se aumentó el presupuesto en salud como nunca antes, pasando de $71 billones en 2022 a $99 billones en el 2025.
Es importante recordar que, desde el año 2012, se retiró el aporte patronal a la salud, por lo que actualmente los recursos provienen de los aportes de los trabajadores, de las empresas de gobierno y, en gran parte, del IVA. “Es el dinero de los colombianos y hay que cuidarlo”, aseguró el director de la ADRES.
Sin embargo, destacó el ministro, para que estos recursos se traduzcan en mejores servicios y una atención digna, es necesario un cambio estructural. Por eso, la Reforma a la Salud surge como una respuesta a este reclamo histórico.
“Esta Reforma no solo busca optimizar el uso de estos recursos, sino también transformar el sistema para que cada persona, sin importar su ubicación o condición económica, reciba una atención más cercana, equitativa, eficiente y transparente. Su propósito es consolidar la salud como un verdadero derecho”, sostuvo el ministro.
Así mismo, resaltó que “el objetivo es asegurar que la salud sea un derecho real y no un negocio. Queremos un sistema que brinde atención oportuna, sin barreras administrativas ni trámites innecesarios, donde los recursos se manejen con transparencia y se priorice el bienestar de los pacientes”, señaló el jefe de esta cartera.
En su presentación, el titular de la cartera de Salud subrayó que el Gobierno Nacional mantiene su firme postura en la lucha contra la corrupción en el sistema de salud, garantizando que cada peso destinado a la atención de los colombianos se use de manera transparente y eficiente. No se puede permitir que el desvío de recursos siga poniendo en riesgo la vida de los pacientes.
Por ello, se avanza en la construcción de un sistema de salud digno, justo y equitativo, donde prime el bienestar de la población sobre cualquier interés económico. La salud no es un privilegio ni un negocio, es un derecho que debe ser protegido y garantizado para todos.
“Estamos cumpliendo. Se ha pagado a las EPS, se está impulsando el giro directo a las IPS, aumentamos los recursos y avanzamos para que el cambio en la salud sea una realidad para todos y todas”, puntualizó el ministro de salud.