Un informe defensorial de la entidad nacional garante de los derechos humanos reveló que la combinación de fenómenos climáticos extremos y la falta de regulación efectiva sobre las actividades humanas están acelerando la degradación de la Amazonía, uno de los ecosistemas más importantes y estratégicos del planeta que alberga el 40 por ciento de las selvas del mundo y el 67.4 por ciento del bosque tropical.
Entre los hallazgos recopilados por la Defensoría en su documento de investigación, se evidencia que la deforestación ha cobrado el 17% de cobertura vegetal y que, de no tomarse medidas, en 2040 podrían perderse 2,1 millones de hectáreas.
Además, la agricultura intensiva, la ganadería extensiva, la minería ilegal, los cultivos ilícitos y la expansión urbana descontrolada aceleran la pérdida de bosques y alteran el ciclo del agua, lo que impactaría, en ese mismo año, hasta 4,3 millones de hectáreas.
“Estos impactos no son fortuitos, sino el resultado de omisiones institucionales, de la permisividad frente a actividades extractivas ilegales y de una gobernanza ambiental fragmentada e insuficiente. Como lo ha comentado la Corte Constitucional, la falta de coordinación interinstitucional, la debilidad en la planificación territorial y la desarticulación entre el conocimiento técnico y los saberes comunitarios han intensificado la vulnerabilidad en la región”, enfatizó la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz.
Según la Defensoría, hoy Leticia y Puerto Nariño enfrentan la posibilidad real de una crisis hídrica irreversible como consecuencia de la dinámica del cauce principal del río Amazonas. La sedimentación, agravada por la deforestación y la ausencia de estrategias de prevención del riesgo, podría dejar a la ciudad de Leticia sin su principal fuente de abastecimiento y conexión económica.
Sumado a lo anterior, el estudio encontró que en 2024 los niveles del río Amazonas alcanzaron su punto más bajo en 122 años, situación que provocó el aislamiento de comunidades, muerte masiva de peces y delfines rosados y pérdida de cultivos.
En tal sentido, sostiene que, en los próximos 15 años, se prevé un aumento de la temperatura en 0.7 grados centígrados y la disminución de lluvias hasta en un 14% en esa región, de acuerdo con cifras de la Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático (TCNCC).
Frente a lo expuesto en audiencia defensorial, desarrollada en Leticia, la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, “exhortó con firmeza y fundamento a la institucionalidad concernida a actuar de forma urgente y preventiva, con un enfoque diferencial, participativo y basado en la evidencia. Las medidas no pueden seguir siendo reactivas. La Amazonía no puede esperar más, se debe actuar con contundencia, con justicia y con visión de largo plazo, no hacerlo sería renunciar a proteger la vida”.
Principales recomendaciones de la Defensoría del Pueblo
- Fortalecer los sistemas de alerta temprana y la capacidad adaptativa de los ecosistemas amazónicos.
- Coordinar acciones de restauración ecológica entre el Ministerio de Ambiente, Corporaciones para el Desarrollo Sostenible del Centro y Sur de la Amazonía (Corpoamazonía) y el Norte de la Amazonía (CDA), municipios y gobernaciones, con participación comunitaria efectiva.
- Adoptar un enfoque de justicia climática, asegurando la protección de los pueblos indígenas y comunidades locales y garantizando su participación en la toma de decisiones y acceso a la información, en línea con el Acuerdo de Escazú.
- Abordar la sedimentación del cauce del río Amazonas, que amenaza con aislar a Leticia y afectar a comunidades ribereñas, como Puerto Nariño, donde la erosión de la ribera pone en riesgo la vida y el acceso a servicios esenciales.
- Impulsar mercados de carbono sostenibles y prácticas agrícolas y ganaderas que reduzcan la presión sobre los bosques.
- Intensificar acciones frente a los incendios forestales, minería ilegal y expansión de cultivos ilícitos, que están desconectando la planicie amazónica de los bosques andinos y fragmentando ecosistemas estratégicos
- Reforzar la cooperación transfronteriza con Perú, Brasil y Ecuador para enfrentar fenómenos climáticos extremos, considerando que los impactos son compartidos y requieren soluciones regionales.
Finalmente, la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, puntualizó que “también hacemos un llamado a las instituciones de derechos humanos en el ámbito internacional, particularmente a aquellas integradas en la Federación Iberoamericana del Ombudsperson (FIO), para que se evalúe la posibilidad de emitir un informe conjunto sobre las amenazas del cambio climático y la deforestación en la región amazónica de nuestros países. Visibilizar esta situación ante la comunidad internacional es una acción estratégica para fortalecer la cooperación ambiental transfronteriza y reforzar el cumplimiento de los compromisos multilaterales”.