El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Justicia, advirtió que, si no se aprueba la Ley Ordinaria de la Jurisdicción Agraria y Rural, no será posible su entrada en funcionamiento pese a que la aprobación de su Ley Estatutaria, que está a punto de culminar su etapa de conciliación, representa un avance significativo. Por ello, urge que la Comisión Primera del Senado de la República dé trámite a la iniciativa en primer debate para evitar su hundimiento.
Cabe recordar que la Ley Estatutaria crea juzgados y tribunales especializados en asuntos agrarios y rurales, así como Centros de Servicios Judiciales y Administrativos con equipos interdisciplinarios.
Además, introduce la figura de facilitadores agrarios y rurales para orientar a los usuarios sobre los trámites judiciales.
Sin embargo, por sí sola no habilita la entrada en funcionamiento de la Jurisdicción. Para ello, se requiere de la Ley Ordinaria, cuyo proyecto de ley está pendiente de ser debatido.
Al respecto, se destaca que dicha norma sistematiza los principios del derecho agrario y define procedimientos especiales para resolver conflictos de tenencia de tierras y de relaciones de producción agraria, y establece claramente las competencias de jueces y tribunales agrarios, así como de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado.
Igualmente, incluye modificaciones sugeridas por la Corte Suprema, como la ampliación de las causales de casación y la incorporación de normas del derecho civil como criterio subsidiario para la toma de decisiones, reformas cruciales para asegurar una justicia rápida y accesible en el ámbito rural.
En tal sentido, el Gobierno ha destacado la importancia de que la Jurisdicción Agraria abarque tanto los conflictos de tenencia de tierras como aquellos derivados de las relaciones de producción agraria. El procedimiento propuesto es ágil y garantiza equidad, especialmente para quienes no pueden soportar procesos judiciales largos y costosos.
En este contexto, los jueces agrarios deben tener la capacidad de corregir errores en la demanda, tomar decisiones anticipadas, moverse por el territorio para recolectar pruebas y promover la oralidad en los procedimientos, asegurando así decisiones justas y eficientes.
Así mismo, los ministerios de Justicia y de Agricultura están colaborando estrechamente con el Consejo Superior de la Judicatura para garantizar que todo el territorio nacional esté cubierto por jueces agrarios, apelando a criterios como la densidad de población rural, los niveles de informalidad en la tenencia de la tierra y la presencia de territorialidades campesinas y étnicas para determinar la distribución de los juzgados.
“Al resolver conflictos de manera institucional y justa, la Jurisdicción Agraria representa una oportunidad crucial para fortalecer la justicia y la presencia del Estado en el campo colombiano. Su implementación es esencial para eliminar las barreras de acceso a la justicia que han afectado históricamente a las comunidades rurales”, enfatizó el Ministerio de Justicia.