La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP imputó responsabilidad penal a los generales (r) Óscar Enrique González Peña, Luis Roberto Pico Hernández, Jorge Ernesto Rodríguez Clavijo y Juan Carlos Piza Gaviria por crímenes de guerra y de lesa humanidad de homicidio y desaparición forzada.
En tal sentido, la JEP asegura que los altos mandos militares lideraron la política de facto de “conteo de cuerpos” en la jurisdicción bajo su mando, a sabiendas de los riesgos probados de dicha política para la población civil, y así desatar el patrón macrocriminal en el que por lo menos 442 personas fueron asesinadas y desaparecidas forzadamente, para ser presentadas como falsas bajas en combate por los militares en el departamento de Antioquia.
Igualmente, señala que las conductas criminales ocurrieron mientras estos altos oficiales ejercían como comandantes, y en el caso de Piza Gaviria como Oficial de Operaciones, de la Brigada IV del Ejército Nacional entre 2004 y 2007.
“El objetivo de la política de facto de “conteo de cuerpos” era sumar la mayor cantidad posible de bajas “en combate”, privilegiando el cuerpo del supuesto enemigo caído en combate como el único indicador real del éxito del esfuerzo militar y desestimando las capturas como resultados problemáticos que no conducían a la victoria militar”, explica en su decisión la JEP.
De igual manera, reitera que este objetivo se conseguía a través de presiones y amenazas a las tropas, así como de premios e incentivos a quienes reportaran más muertos, promoviendo una competencia feroz por ocupar los primeros lugares en las estadísticas oficiales, sin importar la especialidad de la unidad militar de que se tratara, ni que las guerrillas ya hubieran sido derrotadas estratégicamente o replegadas fuera de la jurisdicción de la Brigada IV y los grupos paramilitares ya se hubieran desmovilizado.
En esta oportunidad, de acuerdo con la JEP, junto a los generales fueron imputados otros 35 oficiales y suboficiales por su liderazgo en la implementación de la política o por su participación determinante en los crímenes. Se trata de integrantes de seis batallones de la IV Brigada.
Al respecto, se indica que, por medio de la contrastación de todo el acervo probatorio del caso, la Sala de Reconocimiento de Verdad estableció que, entre el 1 de enero de 2004 y el 31 de diciembre de 2007, ocurrieron por lo menos 270 hechos con 442 víctimas. De este total, 434 fueron asesinadas y ocho sobrevivieron.
Asimismo, agrega la JEP, 203 personas fueron víctimas de desaparición forzada y 41 de ellas fueron torturadas. Todo esto con el propósito de presentar sus cuerpos como falsas bajas en combate y poder responder así satisfactoriamente a la presión ejercida por los altos mandos de la Brigada IV y de las distintas unidades militares, preservar su carrera militar y obtener prestigio y beneficios.
“La evidencia judicial demuestra que, con sus órdenes, lineamientos y directrices y sus mensajes cotidianos a las tropas en sus programas de radio, los generales (r) condicionaron la conducta criminal de sus subalternos y propiciaron la creación de asociaciones criminales dentro de los batallones y unidades militares bajo su mando. Estos grupos adoptaron la práctica sistemática de asesinar civiles indefensos, ajenos al conflicto armado colombiano”, manifiesta la JEP.
Asimismo, la JEP documentó casos de combatientes de grupos armados que, tras rendirse o quedar fuera de combate por ser capturados o heridos, fueron ejecutados y presentados como bajas en combate, infringiendo el derecho internacional humanitario (DIH).
Cabe recordar que, en agosto de 2023, a través del Auto 062, la JEP ya había determinado que el comandante de la Brigada IV del Ejército Nacional para los años 2002 y 2003, el general Mario Montoya Uribe, puso en marcha en la jurisdicción bajo su mando la misma política de facto de conteo de cuerpos y por ello le imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad y a otros 8 oficiales y suboficiales del BAJES.
El general optó por la vía adversarial y fue remitido a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, al igual que el coronel Iván Darío Pineda Recuero. Los otros 7 oficiales y suboficiales imputados, incluido un coronel, reconocieron su responsabilidad y se aprestan para la Audiencia pública de reconocimiento de verdad y responsabilidad.
El patrón macrocriminal y las modalidades de los ´falsos positivos´
De acuerdo con la JEP, Antioquia es el departamento de Colombia que, entre los años 2002 y 2008, concentra el mayor número de asesinatos y desapariciones forzadas cometidos en el país por parte de agentes del Estado para presentar a las víctimas como falsas bajas en combate.
De acuerdo con el Universo Provisional de Hechos del Macrocaso 03 (6.402 víctimas), una cuarta parte (25,19%) de este tipo de asesinatos ocurrió en territorio antioqueño. El patrón macrocriminal ya determinado por la Sala para los años 2002 y 2003 especialmente en el oriente antioqueño (ADHC 062 de 2023), se extendió y consolidó a lo largo y ancho del departamento de Antioquia durante los años 2004, 2005, 2006 y 2007.
Como lo muestran todas las fuentes, el año 2002 marcó el despegue del fenómeno en el departamento y los años 2004, 2005, 2006 y 2007 fueron los más críticos. El pico en Antioquia se alcanzó para el año 2004, antes que en el resto del país. La curva cayó abruptamente a finales de 2008, cuando el presidente de la República de entonces decidió retirar discrecionalmente del servicio a 27 altos oficiales y suboficiales del Ejercito, con motivo de desapariciones forzadas y homicidios y luego de la investigación interna que culminó con el conocido “Informe Suárez”.
¿Quiénes fueron las víctimas?
Según expone la JEP, las personas asesinadas fueron en su mayoría hombres jóvenes (413 de las 442 víctimas), 19 mujeres (15 de ellas asesinadas en el Oriente antioqueño) y, del total, 26 eran niños y niñas. La mayoría de las víctimas eran campesinos, habitantes de barrios populares de Medellín y su área metropolitana y personas en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica.
“Entre estos últimos encontramos personas desempleadas, trabajadores informales y estacionales, conocidos en zonas rurales como andariegos, vendedores ambulantes, recicladores, trabajadoras sexuales, habitantes de calle, consumidores de estupefacientes y personas con discapacidades físicas y mentales. Pero también encontramos estudiantes de secundaria, técnicos, universitarios y profesionales”, reitera la Jurisdicción Especial para la Paz.
Así como en los años 2002 y 2003, en el periodo 2004-2007, el Oriente antioqueño, con 182 casos, continuó siendo la región más afectada. Sin embargo, durante esos años se consolidaron otros dos nodos del patrón criminal: el Valle de Aburrá, con 122 ‘falsos positivos’, y el norte de Antioquia, con 62 víctimas. La Sala también documentó 37 casos en el Suroeste, 35 en el Occidente y 2 en el Bajo Cauca.
Daños a las familias y comunidades
Escuchando a las víctimas, la JEP determinó los daños causados por los crímenes. Los familiares de las víctimas asesinadas y desaparecidas sufrieron graves consecuencias en su salud física y mental (depresión, trastornos de ansiedad y esquizofrenia, entre otras).
Enfrentaron amenazas, desplazamientos forzados, estigma, revictimización y una serie de barreras para acceder a la justicia. Además, sufrieron al ver que el buen nombre y la identidad de sus seres queridos fueron denigrados.
Las familias sufrieron graves daños en su patrimonio, ya que muchas de las víctimas eran los principales proveedores económicos. Además, tuvieron que destinar recursos a la búsqueda de los desaparecidos y a los trámites y procesos para lograr justicia. Los niños y niñas fueron especialmente afectados, pues perdieron sus figuras de protección y tuvieron que interrumpir sus estudios y el curso normal de la vida.
De igual manera, como la inmensa mayoría de las personas asesinadas fueron hombres, las mujeres experimentaron un impacto particular. Como madres, compañeras, esposas, hijas y hermanas de los asesinados tuvieron que enfrentar las pérdidas y asumir cargas adicionales al convertirse en proveedoras económicas, y al mismo tiempo ejercer sus tareas de cuidado.
Fueron las principales encargadas de la búsqueda de sus seres queridos desaparecidos, comprometiendo sus propios proyectos de vida y asumieron la responsabilidad de cuidar a los huérfanos (nietos, sobrinos, hermanos, primos) en condiciones de luto y dolor profundo.
Así mismo, la JEP resalta que los asesinatos y desapariciones forzadas también causaron daños en las comunidades, profundizando en muchos casos la estigmatización y exclusión de ciertos grupos familiares. El uso de guías e informantes de la misma comunidad —en algunos casos forzados— por parte de la fuerza pública, generaron desconfianza y afectaron las relaciones de proximidad y solidaridad entre los habitantes.
¿Qué sigue?
Una vez notificados, los 41 imputados disponen de 30 días hábiles para aceptar o rechazar las imputaciones. También pueden presentar argumentos o evidencia adicional. Las víctimas acreditadas y el Ministerio Público tienen el mismo plazo para hacer observaciones sobre lo determinado en esta decisión judicial.
Si los comparecientes aceptan los cargos, la JEP convocará una audiencia pública en la que reconocerán su responsabilidad y aportarán verdad ante el país y con la participación activa de las víctimas.
Después de esto, si la Sala de Reconocimiento de Verdad concluye que han reconocido efectivamente su responsabilidad y proporcionado verdad “plena, detallada y exhaustiva”, los remitirá, mediante una Resolución de Conclusiones, al Tribunal Especial para la Paz. Allí la Sección de Reconocimiento de Verdad terminará de definir su situación jurídica.
Antes de determinar las labores, obras y actividades que deberán cumplir como parte de su sanción, la cual será monitoreada y verificada, esta instancia del tribunal se asegura de que la sentencia garantice los derechos de las víctimas, ofrezca seguridad jurídica a los comparecientes y cumpla con los estándares internacionales.
Los comparecientes también podrán rechazar su responsabilidad y optar por la vía adversarial. En dicho caso serán remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, para que esta decida si los acusa ante el Tribunal para la Paz. Después de un juicio con todas las garantías, si son hallados culpables, podrían enfrentarse a penas de hasta 20 años de cárcel.