A través del taller ‘Elementos para la documentación de los daños territoriales y ambientales ocasionados en el marco del conflicto armado interno colombiano’, la Comisión Territorial y Ambiental de la JEP presentó las herramientas metodológicas y los avances alcanzados por la Sala de Reconocimiento de Verdad frente a la ‘memoria ambiental’ del país.
Durante los encuentros, que iniciaron en Tumaco (Nariño), se socializaron algunos de los hallazgos documentados en la imputación del Caso 02, que investiga la situación territorial de Ricaurte, Tumaco y Barbacoas (Nariño). A través de esta decisión judicial, la JEP atribuyó responsabilidad por crímenes de guerra y lesa humanidad a 15 exintegrantes de las Farc-EP.
En el encuentro, coordinado por la magistrada Gloria Amparo Rodríguez, por ejemplo, se informó que la extinta guerrilla cometió 71 hechos de destrucción contra la naturaleza. Esto ocurrió en sitios sagrados como el Katsa Su (gran territorio Awá), el Eperara Euja (territorio Eperara Siapidaara), el territorio ancestral y colectivo del pueblo negro afrocolombiano, las tierras de comunidades campesinas y de la población urbana.
En esta región del país, la Sala de Reconocimiento documentó los daños graves, diferenciados y desproporcionados, que sufrieron los pueblos indígenas, el pueblo negro afrocolombiano, las comunidades campesinas, poblaciones urbanas y rurales, mujeres y niñas, personas con orientaciones sexuales e identidades y expresiones de género diversas y el territorio y la naturaleza.
Uno de ellos, precisamente, está asociado con el vertimiento de más de 70 mil barriles de petróleo crudo derivado de los ataques contra la infraestructura del Oleoducto Trasandino y el control y desarrollo de actividades de minería criminal de oro.
Se trata de un territorio especialmente afectado por crímenes presuntamente cometidos por la extinta guerrilla de las Farc-EP en el desarrollo de su política de control territorial y social.
Así mismo, la Comisión Territorial y Ambiental se enfoca en el trabajo realizado por las diferentes instancias de la JEP en materia ambiental. De esta forma, busca obtener insumos para elaborar y aplicar una metodología dirigida a la documentación del impacto territorial y ambiental de los más graves hechos ocurridos en el marco del conflicto, así como los factores que los propiciaron.
Durante el taller que se llevó a cabo en Tumaco se contó con la participación de autoridades de la Unidad Indígena del Pueblo Awá (Unipa), la Asociación de Cabildos Indígenas del Pueblo Eperara Siapidara, de Nariño (Aciesna) y del Resguardo Pialapi, Pueblo Viejo, así como representantes de la Asociación de Consejos Comunitarios de Barbacoas (Asoccoabar) y de la de la Red de Consejos Comunitarios de Comunidades Negras del Pacífico Sur (Recompas).
La jornada, que se replicará en más territorios del pacífico colombiano, aborda el daño causado a la naturaleza desde los diferentes equipos de la JEP que trabajan en los territorios como el Grupo de Análisis de Información (GRAI), la Unidad de Investigación y Acusación, el Departamento de Enfoques Diferenciales, así como la Misión de Verificación de la ONU y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
En estos espacios, los miembros de los pueblos y organizaciones socializan los adelantos y los retos respecto a la instrucción de la investigación de los crímenes de destrucción de la naturaleza y el territorio que se han imputado.
Además, mediante un proceso intercultural, se recoge evidencia sobre daños socioculturales y socioambientales identificados por la JEP en el marco de la investigación del Caso 02.
Para las comunidades, las buenas prácticas evidenciadas en la instrucción de la investigación resaltan el aporte significativo de la JEP en la implementación del Acuerdo Final de Paz.
Entre otras cosas, destacan: la documentación de daños desde una perspectiva dialógica e intercultural; la visibilización del nexo entre el daño ambiental y el daño sociocultural y espiritual; la contribución para materializar la justicia socioambiental; la incidencia del trabajo en diferentes niveles comunitarios e institucionales; la posibilidad de avanzar en la reparación de los daños evidenciados; y la articulación con expertos comunitarios.
Finalmente, estos talleres recogen las recomendaciones para la consolidación de una metodología de documentación del impacto territorial y ambiental en el marco del conflicto armado.
De esta forma será posible incentivar proyectos de restauración ecológica, reconocer los ejercicios de justicia propia en los territorios, dialogar de forma permanente con las comunidades étnicas y establecer puntos de incidencia común con los expertos comunitarios.