La Agencia Nacional de Tierras, ANT, denuncia con preocupación el aumento de hostigamientos, amenazas y presencia de grupos armados ilegales contra funcionarios en varios territorios, donde se adelantan procesos de recuperación, adquisición y formalización de predios en el marco de la Reforma Agraria.
En particular, se ha identificado riesgo inminente en cinco fincas ubicadas en los municipios de Puerto Boyacá, La Dorada y Cimitarra, donde el Clan del Golfo, bajo la influencia de alias “Botalón”, estaría ejerciendo presiones para frenar la intervención del Estado en predios asociados históricamente a estructuras del narcotráfico y el paramilitarismo.
“Los grupos armados se están activando porque estamos llegando a los predios de exnarcos y paramilitares. Sabemos que hay un riesgo real de despojo violento. Por eso, le solicito de manera urgente a la Policía Nacional que tome medidas inmediatas. Los intereses paramilitares no pueden amenazar la Reforma Agraria en el Magdalena Medio”, afirmó Felipe Harman, director nacional de la ANT.
Además, el funcionario señaló que el avance en la labor de la agencia está siendo recibido con acciones de intimidación y control territorial ilegal. También, a situación es crítica en predios del Fondo de Reparación para las Víctimas, que por medio un convenio se busca entregar tierras como parte de los procesos de justicia transicional.
De acuerdo con la ANT, las amenazas no solo impiden la labor técnica y administrativa, sino que perpetúan el despojo y no permiten que las tierras recuperadas por el Estado lleguen a quienes por derecho les pertenecen. En el Bajo Cauca antioqueño, por ejemplo, el denominado “plan pistola” ha paralizado por completo la presencia de funcionarios durante más de dos semanas.
Igualmente, en el marco de los procesos de compra y verificación de predios en Magdalena Medio administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), se han presentado también graves dificultades de orden público.
En el municipio de Yondó, en Antioquia, funcionarios de la Agencia Nacional de Tierras fueron notificados por la alcaldía municipal sobre un retén de hombres armados que bloqueaban su paso hacia 1.759 hectáreas que debían ser verificadas.
“Este contexto de violencia demuestra que la Reforma Agraria está tocando fibras sensibles de los grupos armados. La presencia del Estado en zonas históricamente abandonadas no solo representa una oportunidad para las comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas, sino también una amenaza directa para economías ilegales que han controlado el uso de la tierra por décadas. A pesar de los riesgos, el compromiso de la Agencia Nacional de Tierras con la justicia rural permanece firme”, puntualiza Harman.