La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, ANDJE, celebró la decisión tomada por el Consejo de Estado, al ratificar que el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, Fogafín, no es responsable por los perjuicios reclamados por la empresa Cromas S.A. en el caso de la liquidación de Interbolsa S.A., reafirmando así la legalidad de la gestión estatal en el proceso.
Cabe señalar que, según la ANDJE, el caso tiene su origen en la crisis de Interbolsa S.A., una comisionista de bolsa que en noviembre de 2012 fue intervenida y puesta en liquidación forzosa por la Superintendencia Financiera debido a problemas financieros y presuntas irregularidades en su administración. Como parte de sus operaciones, Interbolsa S.A. había realizado múltiples transacciones con acciones de la empresa Odinsa S.A., algunas de las cuales involucraban a Cromas S.A.
Por ello, Cromas S.A. presentó una demanda contra Fogafín argumentando que perdió la propiedad sobre sus acciones de Odinsa S.A. pues el liquidador de Interbolsa S.A. no realizó la recompra de estos activos financieros. Según la empresa demandante, Fogafín tenía la obligación de vigilar la actuación del liquidador y evitar que este tipo de situaciones ocurrieran.
Sin embargo, tras una revisión detallada del caso, el Consejo de Estado concluyó que Fogafín no era responsable de la pérdida de las acciones de Cromas S.A., ya que su función se limitaba al seguimiento del proceso de liquidación, sin facultades para intervenir en decisiones específicas del liquidador.
Además, se determinó que las decisiones sobre la recompra de acciones fueron tomadas de manera autónoma por el liquidador, quien tenía la responsabilidad directa sobre las operaciones financieras de la entidad en liquidación.
En tal sentido, se resalta que la decisión del Consejo de Estado confirma la correcta gestión de Fogafín en el caso y ratifica que no hubo una falla en la vigilancia por parte de la entidad. Esta sentencia refuerza la importancia del marco legal que rige los procesos de liquidación en Colombia y brinda mayor seguridad jurídica a las instituciones estatales y a los ciudadanos.
“Gracias al trabajo de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en la protección del patrimonio estatal y en la representación efectiva en litigios de alto impacto, el Estado colombiano evitó una condena por un valor estimado en $108.060.752.236”, puntualizó la ANDJE.