Ante las convocatorias de algunos sectores sociales a un paro minero programado para el lunes 21 de octubre, el Gobierno Nacional reafirmó su compromiso con el diálogo como herramienta fundamental para atender las demandas sociales del sector minero y garantizar soluciones duraderas.
En tal sentido, reconoce los desafíos que, por décadas, han afectado a las comunidades mineras tradicionales en Colombia, limitando su capacidad para ejercer su oficio de manera libre y segura.
En respuesta, desde 2023 se implementa una estrategia que, mediante un enfoque participativo, busca soluciones concretas para la minería artesanal y de pequeña escala, un sector crucial para muchas regiones del país.
Durante el último año, el Gobierno ha realizado visitas a diversas zonas mineras del territorio nacional, socializando avances y construyendo de manera conjunta con las comunidades alternativas para regularizar las operaciones mineras, adaptarlas a estándares ambientales y de seguridad y generar ingresos complementarios para las poblaciones más vulnerables.
Los departamentos de Antioquia, Córdoba, Bolívar, Caldas, Chocó, Cauca, Valle del Cauca, Nariño y Santander han sido priorizados en esta labor.
Diálogo como Pilar del Proceso
A lo largo de este proceso, el Gobierno ha habilitado múltiples mecanismos de diálogo en las regiones, buscando acuerdos con los distintos actores sociales y territoriales para abordar las preocupaciones locales.
En la última semana, se han propuesto canales especiales de diálogo para atender las inquietudes de aquellos sectores que han anunciado su intención de participar en el paro minero.
En concreto, se propusieron:
- Reuniones en cada uno de los territorios clave.
- Una mesa de diálogo especial en Medellín con la participación de los liderazgos territoriales.
- Un espacio de concertación en Cali, en el marco de la COP 16, entre ministros del Gabinete y voceros de las zonas mineras en paro.
- Acompañamiento de la Defensoría del Pueblo en todo momento.
En tal sentido, se indicó que, a pesar de la disposición del Gobierno para dialogar, hasta la fecha no se ha recibido una respuesta positiva por parte de los convocantes. Por ello, reitera su voluntad de mantener abiertos los canales de diálogo para atender y resolver las inquietudes manifestadas por las comunidades mineras.
“Seguiremos trabajando por una minería sostenible, que contribuya a la vida y la paz en el país, respetando siempre el legítimo derecho a la protesta en el marco de la ley”, enfatizaron las autoridades.