Los ministros de Justicia y del Derecho, Néstor Iván Osuna Patiño, y del Interior, Alfonso Prada Gil; la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, en compañía de los presidentes de Senado, Roy Barreras, y de Cámara, David Racero; el presidente de la Comisión de Paz del Senado, Iván Cepeda, entre otros, radicaron ante el Senado el Proyecto de Ley ‘Por la cual se establecen mecanismos de sujeción a la justicia ordinaria, garantías de no repetición y desmantelamiento de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto y se dictan otras disposiciones’.
“Este proyecto de ley contiene una oferta generosa por parte del Estado colombiano a esas estructuras criminales de alto impacto, para que si se entregan, confiesan sus delitos, entregan sus bienes, entregan la información sobre sus patrones criminales y reparan a las víctimas, el Estado les entregue un tratamiento penal más benigno que el ordinario, todo con la finalidad de que podamos vivir en una paz completa”, señaló el ministro de Justicia.
“Es un proyecto de sujeción a la justicia ordinaria, en el que tendrá enorme protagonismo el poder judicial, tanto con la Fiscalía General de la Nación como con los jueces y magistrados. La paz se construye con distintas estrategias y esta es una de ellas, que apunta específicamente a unos grupos criminales que han alterado la convivencia pacífica desde hace algún tiempo”, precisó.
El ministro del Interior, Alfonso Prada Gil, precisó que con el proyecto “hay una sujeción, no una negociación de paz. Aquí estamos frente a organizaciones, estructuras del crimen que se mueven en la economía ilegal, por eso no hay diálogo ni negociación. No hay ningún tipo de diálogo ni ningún tipo de prebenda al narcotráfico. “.
En su intervención, el presidente del Congreso, Roy Barreras, señaló que el proyecto de ley acaba con todo tipo de especulaciones y negociaciones clandestinas que nunca fueron autorizadas y que pretendían negociar las leyes en las calles. Las leyes se hacen en el Congreso, de cara a la ciudadanía”. Al tiempo, insistió en que el trámite del proyecto debe tener mensaje de urgencia “para que el límite de la incertidumbre sea menor y la gente sepa a qué ley acogerse”.
El presidente de la Comisión del Paz del Senado, Iván Cepeda Castro, precisó que el mismo “no brinda ninguna clase de impunidad, como podrán verlo a través de las penas que se ofrecen a consideración del Congreso, pero al mismo tiempo deja un margen para que estos grupos puedan someterse a la justicia. Establece claramente la diferencia entre los grupos de carácter político y las estructuras que están ligadas al narcotráfico y a la minería ilegal como única forma de actuación”.
Fiscal General pidió realizar debate democrático
El Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, hizo un llamado a debatir con rigurosidad los proyectos de ley de sometimiento, que permitirán vincular a las estructuras criminales y los grupos narcotraficantes al concepto de paz total; y el de humanización carcelaria.
“Yo sí le solicito al Gobierno, en el marco de la democracia, en el marco de la preocupación de estos temas, que reconsidere la posibilidad de enviar mensajes de urgencia para no convertir los debates en unos debates rápidos porque este país requiere discusión democrática, deliberación”, puntualizó.
En ese sentido, pidió que la discusión se mantenga sobre varias de las objeciones planteadas por la Fiscalía a las dos iniciativas, muchas de las cuales no fueron incluidas ni contempladas por el Gobierno.
“No fueron recogidas, por ejemplo, la idea de tratar de mostrar que el concierto para delinquir agravado es un mecanismo que va a tener una suerte de indulto a través del principio de oportunidad en Colombia. Es decir, buscar que la gente salga de las cárceles como una especie de proceso de paz de La Habana, pero dentro de un proceso de sometimiento”, explicó.
Al respecto, precisó que debe haber claridad ante el país sobre lo que se busca porque se puede estar incurriendo en la idea de permitir que todos los grupos ilegales, sin distinción y sin importar su categoría, reciban un tratamiento de justicia transicional.
“Tampoco se les puede aplicar el mismo rasero que se les aplicó en La Habana por la distinción de procesos que uno es un proceso de paz y otro es un proceso donde se benefician estructuras derivadas del paramilitarismo y narcotráfico”, consideró.
Asimismo, resaltó que las víctimas siguen desprotegidas porque el proyecto de ley de sometimiento no define los mecanismos de reparación.
“Le estamos diciendo a cientos de colombianos que les han violado los derechos en todo sentido, que ahora los van a meter en una bolsa colectiva y no les van a reparar individualmente si tienen muchos recursos. Más bien hagan reparaciones individuales, ¿por qué no aplican los criterios de Justicia y Paz?”, manifestó el Fiscal Barbosa Delgado.