El Gobierno presentó a la sociedad colombiana el Memorando de Política Pública sobre Empresas y Derechos Humanos, Enlace, con el propósito de ofrecer recomendaciones prácticas y estratégicas para abordar la problemática sobre el cumplimiento de estos principios en las empresas.
Al respecto, la consejera Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, Lourdes Castro García, dijo que el memorando busca “responder a todos los obstáculos para el respeto y protección de los derechos humanos que se presentan en la gestión de las empresas”.
De igual manera, la funcionaria agregó que el memorando tiene que ver “con las garantías laborales, garantías a la vida, con el derecho a la movilización, el derecho a la sindicalización, el derecho a la protesta social”.
Cabe destacar que el memorando de política pública fue socializado y discutido durante el primer semestre de 2024 con las instituciones que conforman el Gobierno Nacional, incluyendo reuniones bilaterales con ministros y viceministros de áreas estratégicas.
Así mismo, ha sido presentado a la Comisión Intersectorial para los Derechos Humanos y el DIH, que debe promover la cooperación entre el Estado y los particulares para fortalecer la promoción y el respeto de los Derechos Humanos y la aplicación del Derecho Internacional Humanitario.
“Las empresas deben jugar un papel crucial en la generación de empleo, la creación de riqueza, el bienestar social y la protección al medio ambiente. Contribuyen significativamente al impulso de la economía nacional y a la reducción de la pobreza”, sostiene la Consejería.
Igualmente, el documento indica que “cuando las actividades empresariales no respetan los derechos humanos pueden generar graves impactos negativos que afectan tanto a la sociedad en su conjunto como a individuos y comunidades específicas”.
Conflictos socioambientales
La consejera Presidencial afirmó que en el contexto internacional Colombia es uno de los países que registra afectaciones a los derechos humanos en las empresas.
En tal sentido, indicó que “somos el país que desafortunadamente también está siempre en el primer lugar en el asesinato a liderazgos medioambientales. Mucho de ese protagonismo que adquieren los liderazgos medioambientales, tiene que ver con conflictos socioambientales con las empresas en los territorios por no respeto de las comunidades, a los derechos de los pueblos étnicos, al propio medio ambiente”.
Además, enfatizó que para enfrentar estas problemáticas es necesario buscar la mejor manera de aplicar una política pública y esto lo plantea el memorando. Estas problemáticas resultan en incumplimientos de las obligaciones en materia de derechos humanos, aumento de la conflictividad social y ambiental, y sobrecostos económicos y reputacionales para las empresas, además de restricciones al acceso a medidas de reparación judicial y no judicial para los afectados.
Sobre el particular, la consejera manifestó que el documento identifica las barreras actuales para el reconocimiento y abordaje de los impactos a los derechos humanos en la actividad empresarial en Colombia, incluyendo la débil implementación de políticas públicas, la presencia de conflicto armado y actores ilegales, la baja rendición de cuentas, las dificultades en la participación de las partes interesadas y la priorización de beneficios económicos sobre los derechos humanos.
“El desarrollo de estas acciones está orientado a cumplir con las obligaciones de derechos humanos a nivel estatal, desescalar la conflictividad social y ambiental en contextos empresariales, implementar prácticas empresariales responsables y asegurar el acceso a la justicia y la reparación para las víctimas”, puntualizó la funcionaria.