Conforme a las directrices del Gobierno Nacional, de reforzar el control sobre las diferentes armas de fuego que se encuentran en poder del sector de la vigilancia privada, el Ministerio de Defensa, comenzó a implementar una serie de medidas y protocolos para reforzar inspección y manejo de estas.
Es así como, en coordinación con la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y el Departamento de Control, Comercio de Armas y Explosivos (DCCAE) de las Fuerzas Militares, se diseñó e implementó una estrategia integral conjunta orientada al fortalecimiento del control sobre las armas de fuego legales autorizadas a las diferentes empresas de vigilancia y seguridad privada en Colombia.
Al respecto, se destaca que el objetivo central de esta iniciativa institucional, es el de evitar las desviaciones en el uso y empleo del armamento que se les ha asignado a estas empresas.
De igual manera ya se están fortaleciendo los canales de comunicación entre las autoridades competentes, y de esta manera poder garantizar la acción coordinada en todo el territorio nacional que permita mantener un estricto control y supervisión de las mismas.
Es por esto que la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, cuya misión está enfocada en garantizar la legalidad y eficiencia de este sector promoviendo estándares de calidad y cumplimiento normativo, ha venido liderando un Protocolo Interinstitucional de actuación, el cual está orientado a formalizar el procedimiento de bloqueo operativo, la custodia preventiva y el seguimiento administrativo de las diferentes armas de fuego involucradas en procesos sancionatorios.
Esta estrategia se enmarca en el cumplimiento de los artículos 80 y 81 del Decreto Ley 2535 de 1993, así como de la Circular Externa Conjunta 20224100000195, que regula los conceptos previos de armas para servicios de vigilancia y seguridad privada.
Igualmente, las medidas mediante las cuales se fortalece la supervisión y protege a la ciudadanía, servirán como una herramienta adicional para la legalidad y transparencia institucional, así como para cerrarle el paso a las intenciones de estructuras del crimen organizado que pretenden infiltrar el sector de la vigilancia privada.