El Presidente Gustavo Petro propuso a las empresas del sector energético presentes en La Guajira, un nuevo modelo de asociatividad permanente en el que las comunidades wayuu sean aliadas de los proyectos de energías limpias que se adelantan en el departamento.
De acuerdo con el Jefe de Estado, el proceso que rige en la actualidad no funciona, pues las comunidades participan una sola vez en el proceso y no vuelven a ser tenidas en cuenta, cuando debe ser todo lo contrario, contar con ellas y así garantizar la sostenibilidad de los proyectos a lo largo del tiempo.
Es por esto que el Mandatario planteó “un pacto wayuu permanente –que aquí se le denomina pacto energético–. Implica una asociatividad, es decir, la comunidad wayuu, las asociaciones wayuu, etcétera, deben ser socias de los proyectos. Al ser socias, parte de la utilidad pasa a las comunidades y entonces, durante 10, 15 o 20 años –lo que dure–, va a tener un flujo permanente para que esas comunidades vayan resolviendo problemas, de los más agudos a los menos”.
La invitación se dio en el marco de la firma del Pacto por la Transición energética Justa en La Guajira, suscrito por 140 autoridades indígenas del área de influencia de los proyectos, 12 empresas desarrolladoras, una agremiación, así como representantes del Gobierno Nacional, local y la cooperación internacional.
Así mismo, el Presidente Petro indicó que le pidió a Ecopetrol ser pionera en este esquema.
“Estos modelos que a mí me gustaría que empezáramos a ensayar, quizás Ecopetrol debe dar los primeros pasos porque estos nos podrían llevar ya no a 2.5 sino a 6 y 8; 6 nos da $30 billones de inversión, o sea, USD7 mil millones. Da una utilidad en tierras guajiras, más o menos USD700 millones anuales que van cambiando en el tiempo porque los costos fijos van decreciendo, ¿cierto? Se van reemplazando por el mantenimiento, pero Ecopetrol debería dar un paso alrededor de este tipo de asociatividad con las comunidades”, expresó.
Es importante señalar que, en la actualidad, se desarrollan 21 proyectos de generación de energías renovables (eólicos y solares) en La Guajira, con punto de conexión asignados por la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME), al igual que un proyecto de transmisión de energía eléctrica (Colectora).
Consejo Nacional del Agua
La capital de La Guajira fue el escenario elegido para la primera sesión extraordinaria del Consejo Nacional del Agua en territorio, instancia que busca revisar la información existente sobre el estado del recurso hídrico en esta región e identificar las acciones a ser implementadas por las diferentes entidades del Gobierno.
“Esta sesión del Consejo Nacional del Agua que, por primera vez se hace en La Guajira, es muy pertinente para orientar al Gobierno en la toma de decisiones en tiempos de crisis. Estamos batiendo récords en temas climáticos a nivel global y hoy tenemos una gran oportunidad de actuar”, dijo la viceministra de Políticas y Normalización Ambiental, Sandra Vilardy.
Este encuentro, que contó con la participación de los ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Vivienda, Salud, Ciencia y Tecnología, Agricultura, el Departamento Nacional de Planeación, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y el Ideam, analizó las estrategias y soluciones estructurales que han venido trabajando las entidades de cara a la llegada del fenómeno de El Niño.
Al respecto, la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, aseguró que “tenemos que entender que las sequías serán cada vez más prolongadas. Un dato clave que lanza la Organización Meteorológica Mundial es que los próximos cinco años van a ser los más calientes de la tierra y hablan de que alguno de esos años la temperatura promedio del planeta será de 1.5 grados centígrados, eso tiene efectos devastadores en muchas partes del país y la Guajira es uno de los territorios más susceptibles a esa situación”.
Paso clave para la represa del río Ranchería
En el marco del evento se dio la instalación de la Mesa Técnica de trabajo ordenada por el Consejo de Estado para adelantar las acciones necesarias que lleven a la conclusión del proyecto de la represa del río Ranchería, en La Guajira.
Esta Mesa reúne a diferentes entidades del orden nacional, como el Ministerio de Ambiente, que tendrán la tarea de llevar a cabo las gestiones interinstitucionales que fueron proyectadas en la hoja de ruta diseñada por la Agencia De Desarrollo Rural.
Así el Gobierno Nacional avanza en la consolidación de información, espacios de participación con la ciudadanía y diseño de acciones concretas para atender la crisis por escasez de agua que por años viene impactando a esta región del país.
Piloto de la estrategia de prevención en salud
El Superintendente de Salud, Ulahy Beltrán, aseguró que el interés principal del Gobierno del Cambio es fortalecer la confiabilidad, credibilidad y presencia visible y funcional del Estado en La Guajira, por lo que la estrategia del “Gobierno con el pueblo” apunta, desde el sector salud, a poner en marcha el componente de medicina preventiva planteado ya en el proyecto de reforma al sector que cursa en el Congreso.
“Queremos disminuir la mortalidad materna y no podemos permitir que sigan ocurriendo muertes de niños menores de cinco años por desnutrición. Esos son los dos principales frentes que queremos atacar, a través de la estrategia que lidera el Ministerio de Salud, de manera articulada con el ICBF y otras dependencias del Estado, entre ellas la Superintendencia, que trabaja en garantizar que la normatividad que establece el derecho a la atención y la protección de la vida se cumpla”, enfatizó el funcionario en diálogo con el informativo Colombia Hoy Radio.
En este sentido, reveló que desde mayo se implementó la presencia de cerca de 40 funcionarios de la entidad en La Guajira, un departamento considerado de alta criticidad, para generar una auditoría de seguimiento en temas claves como el derecho a la atención y el buen uso de los recursos públicos, principalmente en la Gobernación y los cuatro municipios accionados por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017, que declaró el Estado de Cosas Inconstitucionales frente a la protección especial de los derechos al agua, salud y alimentación para las comunidades indígenas wayuu de los municipios de Riohacha, Manaure, Uribia y Maicao.
“Se trata de hacer práctico un discurso, pasar de la retórica a la realidad en el terreno. Las personas están sintiendo que el propósito se traduce en beneficios directos y es lo que estamos haciendo con las jornadas de atención. Queremos transmitir cercanía, solidaridad con los afectados y distanciamiento con los infractores; que la gente vea que el que la hace la paga, pero también quien tenga una solicitud de apoyo, una súplica de vida, una petición, un reclamo o una denuncia, la gestionamos y brindamos soluciones”, dijo el Superintendente.