En la clausura de la jornada nacional de ‘Gobierno con los Barrios Populares’, que se llevó a cabo en el Coliseo El Pueblo de la capital vallecaucana, se anunció que el Gobierno Nacional expedirá un decreto para crear una comisión de la verdad que permita esclarecer los hechos violentos ocurridos en Cali y en todo el Valle del Cauca durante el estallido social.
Al respecto, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, aseguró que trabaja con la Fiscalía General de la Nación para expedir una directriz “en la que se afirma que los hechos de protesta social no son ni terrorismo ni concierto para delinquir. Eso implica que todos los que están en la cárcel van a salir”.
De igual manera, el funcionario expresó que “ese es nuestro compromiso y contamos para eso con la sensatez y el sentido de justicia de la nueva fiscal General, Luz Adriana Camargo”.
Así mismo, Osuna dijo que “estamos en varias mesas coordinados con los jóvenes de Puerto Resistencia, con los de Palmira, con otros, para buscar las formas de reparación a las familias, con las formas de reparación a las víctimas”.
Entre tanto, el jefe de Estado aseguró que “le voy a pedir al ministro del Interior, Fernando Velasco, crear una comisión de la verdad alrededor de los hechos que sucedieron en el llamado estallido social en Cali”.
Sobre el particular, el mandatario aclaró que “obviamente, no podemos reemplazar la investigación judicial. Pero sí podemos, como ya sucedió con el conflicto armado, realizar una exploración académica, incluso, sobre los hechos que sucedieron aquí”.
Finalmente, el jefe de Estado puntualizó que “el Gobierno debe reconocer el estatus de víctimas a las personas presas, a las familias de los jóvenes asesinados, a las familias de las jóvenes violadas, a las familias que sufrieron en los barrios populares la brutalidad del Estado, la fuerza bruta”, durante el estallido social”
Frente a estos planteamientos del Gobierno Nacional, la Fiscalía General de la Nación, a través de su cuenta social X, aseguró que “el equipo directivo de la Fiscal General de la Nación ha escuchado los planteamientos y solicitudes formales del Ministerio de Justicia, para que se revise el alcance de la calificación y las imputaciones por terrorismo y concierto para delinquir frente a los delitos perpetrados en desarrollo de la protesta social”.
Igualmente, agregó que “antes de adoptar una postura oficial al respecto, la Fiscalía se encuentra estudiando los argumentos del ministro Néstor Osuna a la luz de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y la doctrina jurídica internacional, principalmente la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
Por último, el órgano de investigación a acusación sostuvo que “en cualquier caso, la palabra definitiva al respecto la tendrán los jueces penales competentes y, en última instancia, la Sala de Casación Penal del máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria colombiana”.