La directora de la Unidad para las Víctimas, Lilia Solano, lideró en Pueblo Rico, Risaralda, la mesa de seguimiento a los compromisos institucionales adquiridos para la sostenibilidad del retorno y la reubicación de las familias Emberá que estuvieron asentadas en el Parque Nacional de Bogotá. En el encuentro participaron las autoridades y líderes indígenas, así como entidades del Gobierno nacional, territorial y local.
“Hemos venido a hacer un seguimiento a los compromisos de las entidades que está articulando la Unidad para las Víctimas para un retorno respetuoso con los derechos fundamentales. El 8 de septiembre, cuando salió la comunidad que estaba en el Parque Nacional, dijimos que íbamos a construir las condiciones dignas. Acá están los ministerios de Vivienda y de Salud y Prosperidad Social. También, las autoridades indígenas, la Defensoría, la Procuraduría, las Alcaldías de Pueblo Rico y de Bagadó”, contó Lilia Solano.
Entre tanto, Darío Restrepo, autoridad mayor del Resguardo Gito Dokabú, del municipio de Pueblo Rico, resaltó el impacto positivo de este proceso para las comunidades. Sostuvo que “las garantías que ha expuesto la directora son factibles para nuestras comunidades indígenas que llegaron de Bogotá. Históricamente, nunca habíamos visto este tipo de garantías que hoy ofrece la Unidad para las Víctimas, con proyectos e insumos para la sostenibilidad de las familias retornadas”.
Durante el espacio, además, Solano confirmó que la Unidad para las Víctimas entregará 1.200 millones de pesos en materiales para iniciar con el plan de viviendas de emergencia para las familias que retornaron.
“La entidad dispone estos recursos para las familias que no cuentan con vivienda en este momento. Se entregarán maderas, vigas, tejas y demás elementos para estas construcciones”, señaló la funcionaria.
Al respecto, la entidad destacó que esto hace parte de las soluciones temporales que lidera la entidad, mientras el Ministerio de Vivienda avanza en la adjudicación de la obra del acueducto en las comunidades de Aguasal y Conondo, en el Alto Andágueda, y en las visitas a los territorios para identificar a las familias que requieren viviendas nuevas o mejoras de su espacio.
Igualmente, Solano subrayó que la sostenibilidad del retorno será posible gracias a las acciones conjuntas entre entidades y comunidades, para garantizar que todos hablen el mismo idioma a lo largo de este proceso.
Asimismo, reafirmó que “el presidente Petro está plenamente informado sobre este proceso de retorno y reubicación, y ha dejado claro que en este Gobierno se garantizarán las condiciones necesarias para que los pueblos puedan reestablecer una relación plena con sus territorios ancestrales”.
Así avanzan los compromisos con las familias Emberá retornadas
Como parte del proceso de retorno, se han programado siete giros destinados a cada una de las 111 familias Emberá incluidas en el Registro Único de Víctimas (RUV). Estos apoyos están diseñados para fomentar la sostenibilidad y mejorar las condiciones de habitabilidad en sus territorios ancestrales, reafirmando el compromiso de la Unidad para las Víctimas de brindar un acompañamiento integral durante todo el proceso de retorno.
Durante el encuentro, también se anunció la implementación de nueve proyectos comunitarios en el municipio de Bagadó, Chocó, enfocados en promover el bienestar integral de toda la comunidad.
En Pueblo Rico se llevarán a cabo siete proyectos adicionales, abarcando sectores clave como el desarrollo agropecuario, infraestructura social y comunitaria, insumos agrícolas y artesanías.
Estas iniciativas, que buscan fortalecer el liderazgo de las mujeres, se ejecutarán a lo largo de lo que queda de 2024 y el inicio de 2025, en colaboración con las alcaldías locales.
Finalmente, la Unidad para las Víctimas y los ministerios de Vivienda y Agricultura realizarán el próximo 14 de octubre una jornada de trabajo en el territorio. Su objetivo será identificar y atender los casos prioritarios de indemnización individual en las zonas de retorno, tanto en Risaralda como en Chocó. Esta iniciativa pretende subsanar las deudas históricas con las comunidades en su proceso de reparación.