En un hecho sin precedentes, las alcaldías de Cali y Bogotá deberán censar a las familias indígenas que se encuentran en situación de desplazamiento forzado en las capitales para garantizarles su retorno al territorio restituido.
Sobre el particular, se indicó que una trascendental sentencia garantiza la restitución de 14.334 hectáreas al pueblo Emberá Chamí en el Cañón del río Garrapatas, entre el Valle del Cauca y Chocó, en la cordillera Occidental. Se podrán beneficiar 1.545 víctimas del conflicto armado, de 330 familias en 11 comunidades del resguardo.
De igual manera, se destacó que la sentencia No. R-04 del Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Cali va en concordancia con el compromiso del Gobierno para la reparación integral de las víctimas del conflicto armado, particularmente de los pueblos indígenas.
Así mismo, se resaltó que la decisión judicial es consecuencia de la gestión de la Unidad de Restitución de Tierras, URT, para que los indígenas que se encuentran en condición de desplazados en Cali y Bogotá puedan regresar a sus lugares de origen.
Al respecto, Giovani Yule, director de la URT, calificó la medida como un caso emblemático por representar un hito en la implementación de la política pública de restitución de tierras a pueblos indígenas históricamente afectados por la violencia.
“Las familias y el territorio colectivo han sufrido todo tipo de violencia en medio de la guerra. Son víctimas de abandono por los desplazamientos masivos forzados, se afectó su derecho a la posesión, uso y goce del territorio y su relación espiritual con la tierra también se deterioró”, señaló Yule.
Igualmente, el jefe de la Dirección de Asuntos Étnicos de la URT, Acxan Duque, destacó que el cumplimiento de esta sentencia posibilitará el retorno del pueblo Emberá Chamí, el desarrollo de proyectos productivos, seguridad alimentaria, educación, vivienda, protección y seguridad en su territorio ancestral.
Cabe mencionar que la sentencia ordena que la URT, en coordinación con la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), la Defensoría del Pueblo y las Fuerzas Armadas de Colombia garanticen que las familias retornen a sus territorios en condiciones de seguridad y dignidad.
La población Emberá Chamí se encuentra en una zona en disputa por el cultivo de hoja de coca, control de laboratorios ilegales y un corredor para el envío de drogas ilícitas e ingreso de armas.
Por otra parte, la autoridad judicial instruye al Ejército Nacional a realizar un acto público de contrición y presentar disculpas oficiales, en nombre del Estado colombiano, por el abandono y confinamiento sufrido por las comunidades del resguardo y deben abstenerse de realizar acciones militares que impliquen peligro inminente para la integridad de los indígenas.
El director de la URT en Valle del Cauca y Eje Cafetero, Luis Gabriel Rodríguez De la Rosa, resaltó que la decisión judicial deja en firme la intención de movilizar la institucionalidad en todos los órdenes, para garantizar el derecho fundamental a la restitución de derechos étnico-territoriales con un enfoque diferencial y vocación transformadora.