El ministro de Defensa Iván Velásquez se pronunció sobre las declaraciones del Fiscal General de la Nación, por los hechos relacionados con la jefe de gabinete de la Presidencia de la República. El alto funcionario aseguró que este gobierno no tolerará las interceptaciones ilegales.
“Me he comunicado con el director general de la Policía Nacional, General Salamanca, para dar una instrucción muy concreta que quiero reiterar públicamente. Tiene que descubrirse quién dio la orden. Pero que también internamente dentro de la Policía Nacional, se adelanten las investigaciones”, enfatizó el Ministro.
El ministro Velásquez recordó que él también fue víctima en el pasado de interceptaciones ilegales, por lo que dijo que esto no se puede repetir en el país y quien tenga que responder tendrá que responder.
“Aquí no vamos a ocultar a nadie, no vamos a proteger a nadie, cualquiera sea su calidad, porque esta práctica que pensábamos estaba desterrada ya. La voluntad del gobierno, no solo para impedir que se repita en el futuro, sino para saber toda la verdad de lo que ha ocurrido. Si no sabemos la verdad, es siempre la posibilidad de repetición de los hechos y es un compromiso que asumo, es un compromiso que asume el director general de la Policía Nacional”, afirmó el ministro.
“Chuzadas” dos extrabajadoras de la Jefe de Gabinete de la Presidencia de la República
El Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, reveló que, como parte de las investigaciones que realiza la entidad por la pérdida de un dinero en la residencia de la jefe de Gabinete de la Presidencia de la República, Laura Camila Sarabia Torres, se estableció que las líneas telefónicas de dos extrabajadoras de la funcionaria fueron interceptadas de manera ilegal para establecer si tenían conocimiento sobre el paradero de la suma extraviada.
“Hoy es un día muy lamentable para el Estado de Derecho en Colombia. Hoy podemos decir con claridad que las chuzadas, las interceptaciones ilegales, han retornado a Colombia”, aseguró el Fiscal General de la Nación.
En ese sentido, señaló que el 30 de enero del año en curso, un día después de que la señora Sarabia Torres y su esposo pusieron en conocimiento la pérdida de 4.000 dólares, integrantes de la DIJIN de la Policía Nacional elaboraron un informe que indicaba la necesidad de intervenir los teléfonos de la exniñera del hijo de la jefe de Gabinete con el supuesto de que sería la cocinera de alias Sopas, cabecilla de la subestructura Jairo de Jesús Durango; y el de la persona que ayudaba en las labores domésticas porque estaría vinculada al componente logístico de alias Omar, segundo cabecilla de la citado grupo armado.
Con este documento, los uniformados indujeron en error a un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, con sede en Chocó, que obtuvo ante un juez de control de garantías autorización para interceptar las comunicaciones de las dos mujeres que no tenían nada que ver con lo que estaba plasmado en el informe de policía judicial.
“Esto es una burla a nuestra Judicatura porque utilizan un informe de policía judicial falso para meterlo en Quibdó, en un despacho de crimen organizado, porque posteriormente se tiene que llevar este documento ante un juez diciéndole que hay un informe de Policía Judicial que dice que se tiene certeza de información de una fuente humana, toda vez que es de confianza de los cabecillas e integrantes de la organización criminal”, enfatizó el Fiscal General de la Nación.
El Fiscal General explicó que en este momento, avanzan tres líneas investigativas distintas. Una, por la afectación al patrimonio económico de Laura Camila Sarabia Torres, relacionada con la pérdida de un dinero en su vivienda. Otra, por la práctica del polígrafo a la exniñera del hijo de la funcionaria para establecer su posible responsabilidad en la desaparición de la suma denunciada. Y la tercera, por la interceptación ilegal a las líneas de las dos extrabajadoras de la jefe de Gabinete de la Presidencia de la República y demás actuaciones asociadas con esta irregularidad.
“En los próximos días se llamarán a interrogatorio con defensor y en algunos casos se llamará a imputación a todos los responsables de estos hechos. No solamente en este caso, sino en los hechos que están en investigación relativos a este caso, que involucra un hurto que hubo y que involucra unas prácticas que fueron denunciadas esta semana, y que se añaden a algo que es grotesco en el país y es que las chuzadas hayan vuelto en Colombia”, puntualizó el Fiscal Barbosa Delgado.
Investigación en la Policía Nacional
La Policía Nacional, a través de un comunicado anunció la apertura de una investigación interna con el fin de establecer las personas responsables de las “chuzadas” a las dos extrabajadoras de la Jefe de Gabinete de la Presidencia de la República.
Sobre el particular, informó que:
- La noche de ayer, 31 de mayo, el Director de la DIJIN entrante le informó a al Director General que en horas de la mañana un analista judicial de esa Dirección había acudido ante la Fiscalía General de la Nación para rendir una declaración juramentada.
- El analista les informó a sus superiores que el requerimiento obedecía a su actuación dentro de una investigación que un fiscal había autorizado, el 26 de enero de 2023, mediante la cual se ordenó ingresar dos líneas telefónicas al proceso investigativo contra una organización criminal, con base en solicitud realizada por un investigador de la DIJIN.
- Tras verificar la información, se determinó que efectivamente en la fecha en mención se autorizó dicha actividad, la cual comenzó a implementarse el 30 de enero, pero que 72 horas después el analista solicitó, ante la autoridad competente, cancelar la línea del proceso investigativo argumentando que no correspondía a la motivación fundada.
- Ante estas informaciones suministradas por el Director de la DIJIN, la Dirección General dispuso que la Inspección General adelantara las actuaciones de rigor
Investigación Disciplinaria
La Procuraduría General de la Nación, inició una actuación para investigar las presuntas faltas disciplinarias relacionadas con la interceptación telefónica realizada a la señora Marelbys Mesa, quien se desempeñó como niñera de Laura Sarabia, jefa del Despacho de la Presidencia de la República.
La actuación disciplinaria busca determinar la posible responsabilidad de miembros de la fuerza pública, específicamente de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol -DIJIN- y otros funcionarios que puedan resultar vinculados a estos hechos.
El Ministerio Pública, indicó que se ordenó practicar todas las pruebas necesarias que lleven a determinar la autoría y responsabilidad por estos hechos.
Adicionalmente, se ordenó el ejercicio del poder preferente respecto de las actuaciones disciplinarias que hayan iniciado al interior de la Policía Nacional por estos mismos hechos.