En nombre del Gobierno nacional, la Vicepresidenta de la República Francia Márquez Mina, junto a diferentes funcionarios del gabinete presidencial, estuvo presente en la cuenca del río Cacarica, Chocó, en el acto de reconocimiento de responsabilidad estatal por el caso de la Operación Génesis vs. Colombia.
El evento se desarrolló dando cumplimiento a lo ordenado por la sentencia proferida en contra de Colombia por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 20 de noviembre de 2013, por el caso de las comunidades afrodescendientes desplazadas de dicha cuenca.
Márquez manifestó que “el Gobierno nacional reconoce la responsabilidad del Estado colombiano en las violaciones a los derechos humanos y territoriales cometidas contra los pueblos negros de los territorios de la cuenca del Cacarica. Hechos perpetrados en el contexto del conflicto armado y en el marco del racismo estructural e institucional que ha contribuido a que dicho conflicto persista en los territorios negros”.
La vicepresidente agregó que “aceptamos, sin condiciones, la declaración de responsabilidad internacional del Estado colombiano realizada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por los hechos establecidos en su sentencia. Reconocemos que ha existido un alto grado de impunidad y rechazamos la crueldad infligida en este caso contra las comunidades negras para intimidar, castigar, controlar, coaccionar y desalojar a sus miembros. Pedimos perdón a las víctimas de las operaciones militares y paramilitares de Génesis y Cacarica”.
Dicho reconocimiento público, de la vicepresidenta de la República, demuestra el compromiso del Gobierno nacional con los derechos humanos y su apoyo al resarcimiento de las víctimas de este doloroso caso. “Tal vez este reconocimiento público de responsabilidad sea poco para el compromiso y el desafío que tenemos de dignificar la vida de este pueblo en su diversidad en la región del Cacarica, pero lo que, si hay aquí es una disposición de voluntad para que junto a ustedes trabajemos en la trasformación de esa realidad que les ha tocado padecer”.
Márquez indicó que “como Gobierno Nacional, trabajaremos incansablemente, en el marco de nuestras competencias, para que la complicidad, aquiescencia y colaboración de miembros del Estado con grupos armados no se repita. Asimismo, hacemos un llamado a las instancias competentes para que sumen esfuerzos encaminados a romper con el silencio institucional y la injusticia histórica que significa la impunidad respecto de los determinadores y beneficiarios de estos crímenes”.
Por su parte, el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, hizo un llamado a los diferentes actores armados que aún hacen presencia en territorios, a que escuchen a sus comunidades quienes ya están cansadas de tanta violencia e invitó a que se unan a la construcción de la paz total.
“La mejor manera de honrar a los asesinados y desaparecidos, es que esas vidas cegadas nos permitan tomar la fuerza para romper el silencio y para ejercer en libertad el derecho a unos territorios para la paz y la reconciliación, territorios donde su generosidad les abre el corazón, pero donde se requieren que den pasos certeros para construir el bello territorio del Cacarica, de todo el bajo Atrato, que toda su gente se merece”, dijo Rueda.
Entre las diferentes intervenciones de las organizaciones sociales, comunitarias y territoriales presentes de esta región, destacaron que por primera vez una vicepresidenta llega a este territorio que ha sido víctima del conflicto armado y que ha sufrido diferentes desplazamientos y despojos.
“Este es el primer Gobierno que llega al territorio a mirar de cerca las necesidades que tiene nuestra gente del Cacarica, de Cavida, Riosucio, Carmen del Darién y de toda esta región. Una región que ha sido afectada por la guerra, pero hoy pueden ver estos rostros que, aunque sufrieron la guerra, hoy le apuestan a la paz”, manifestó uno de los líderes de la comunidad.
Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, se han incentivado espacios de concertación entre los beneficiarios de la Sentencia y las entidades responsables de implementar las órdenes contenidas en el fallo internacional. Esto con el fin de lograr la realización de espacios que buscan reparar a las víctimas del caso ‘Comunidades Afrodescendientes Desplazadas de la Cuenca del Río Cacarica (Operación Génesis) vs. Colombia’.
Lo anterior en atención a las funciones asignadas a la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Dichas funciones tienen que ver con impulsar, articular y coordinar al Estado colombiano para propiciar las actividades y gestiones que permitan adelantar el seguimiento a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En el acto estuvieron presentes el Consejo comunitario de la cuenca del río Cacarica, el cual consta de 23 comunidades y 2 zonas humanitarias, organizaciones Cavida y Clamores; la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, la asociación Somos Génesis, delegados de consejos comunitarios del municipio de Riosucio, el Consejo comunitario de Ungía y Acandí, entre otros.