La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en conjunto con la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la Nación, llevó a cabo la instalación formal de la Comisión de Evaluación de la Justicia para la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.
De esta manera, de acuerdo con las autoridades colombianas, se da cumplimiento del Acuerdo de Solución Amistosa suscrito el 18 de diciembre de 2024 entre el Estado colombiano y dicha Comunidad, en el marco del caso tramitado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.
La firma de este acuerdo es el resultado de un proceso de diálogo y construcción conjunta que, tras más de dos décadas de trámite internacional. También, permitió el reconocimiento por parte del Estado colombiano de su responsabilidad internacional por las violaciones a los Derechos Humanos sufridas por los miembros de la Comunidad desde su creación en 1997.
La Comisión de Evaluación de la Justicia, concebida como una medida de reparación en el componente de garantías de no repetición, tiene como propósito analizar el estado y la eficacia de las investigaciones penales relacionadas con crímenes cometidos contra miembros de la Comunidad de Paz, y procesos judiciales en los que han sido involucrados.
Su mandato consiste en la elaboración de un informe técnico con conclusiones y recomendaciones, cuya implementación será evaluada y promovida por las entidades competentes del Estado colombiano.
El acto contó además con la participación de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, la Procuraduría General de la Nación y la Unión Europea. Igualmente, de cuatro expertos independientes, seleccionados directamente por la Comunidad de Paz, en reconocimiento a su autonomía y a su derecho a participar activamente en los procesos de justicia transicional y de reparación.
El Acuerdo de Solución Amistosa suscrito incorpora un conjunto de medidas de carácter simbólico, colectivo y estructural, entre las que se incluyen actos de reconocimiento público, la construcción de monumentos en homenaje a las víctimas, espacios de memoria, y la publicación de un libro que documente la historia de la Comunidad de Paz.
Al respecto, el Director General de la ANDJE, César Palomino Cortés, manifestó que “la creación de esta comisión, además de representar un avance en la implementación de las medidas de reparación, también tiene el potencial de abrir nuevas puertas a una justicia material para aquellos que durante años han sido víctimas de la impunidad”.
Entre tanto, la defensora del Pueblo, Iris Marín, subrayó la importancia de este acto como un momento histórico en el camino hacia la verdad y la justicia. Enfatizó que “el reconocimiento de responsabilidad del Estado colombiano por las graves violaciones de derechos humanos sufridas por la Comunidad de Paz es el primer paso para avanzar hacia una reparación integral”.
Igualmente, subrayó que “este reconocimiento se formalizó a través de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, que ha dispuesto todos los recursos necesarios para garantizar la operatividad de esta comisión. Valoramos profundamente este trabajo articulado, construido con respeto, compromiso y armonía con la Comunidad, en el marco de un proceso de justicia que dignifica a las víctimas y fortalece la democracia”.